“Las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional”.

 

 

Así lo expuso ayer Amnistía Internacional al anticipar el informe que sobre lo acordado hasta ahora en el proceso de paz presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tendrá en Ginebra, Suiza, su 31 periodo de sesiones entre el 29 de febrero y el 24 de marzo.

 

 

Para Amnistía, “el legado de delitos de derecho internacional y de abusos y violaciones de derechos humanos que se han cometido de manera generalizada y sistemática, unido a la arraigada impunidad que los ampara, implica que, pese a los progresos respecto a la paz, persisten numerosos problemas humanitarios y de derechos humanos, aparentemente insolubles, relacionados con el conflicto, que muy probablemente podrían agudizarse en un entorno de posconflicto. Por este motivo, la oleada de bien fundado optimismo debe atemperarse con una dosis de cautela”.

 

 

La ONG señaló que “una serie de disposiciones, así como una serie de ambigüedades, que parecen no ser conformes con el derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, por lo que “esas sanciones pueden incumplir la obligación contraída por el Estado de prevenir y sancionar esos delitos de derecho internacional y, de esa manera, pueden seguir minando una rendición de cuentas efectiva”.

 

Lupa a los acuerdos

 

La primera organización en alertar sobre este tema fue Human Rights Watch, que se opuso rotundamente al tratamiento benevolente establecido tanto para los comandantes guerrilleros como para miembros de la Fuerza Pública que hubieran participado en actos delincuenciales, en lo que denominó como “piñata de impunidad”.

A eso se sumaron voces del Parlamento Europeo, para las que no se podía adelantar el plan monetario hasta que no se tuviera certeza de que los violadores de derechos humanos tuvieran el castigo efectivo, inclusive dentro de los cánones de la justicia transicional.

 

A comienzo de este mes, el secretario de Estado, John Kerry, le dijo al presidente Juan Manuel Santos que el Gobierno norteamericano esperaba la sanción debida a quienes en manera tan grave hubiesen violado los derechos humanos, veladamente mostrando una opinión desfavorable al pacto en La Habana.

 

 

En el Congreso norteamericano demócratas y republicanos han advertido que la ayuda financiera de 400 millones de dólares podría no fluir si no se castigaran adecuadamente y tuvieran la sentencia debida los violadores de los derechos humanos.

 

 

 

CPI

 

 

Ya el miércoles, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, manifestó en Washington, durante un foro organizado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que “el proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Stewart anotó que “la oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves”, señalando que “la respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de sentencia que se contemple y esta depende de varios factores entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la persona acusada”.

 

 

 

Coincidencias

 

 

 

Todas estas manifestaciones coinciden con una resolución propuesta en el Congreso norteamericano por el republicano Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el demócrata Ben Cardin, integrante de esa célula legislativa en la que se le otorga un firme respaldo bipartidista al proceso de paz en Colombia, pero condicionando ese apoyo a que el acuerdo de La Habana contemple castigos adecuados para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

 

 

Tras destacar el compromiso sin atenuantes de Estados Unidos a Colombia para poner fin al conflicto, la resolución le pide al Departamento de Estado que desarrolle una estrategia "de varios años que permita una implementación exitosa y sostenida de los acuerdos, si estos son respaldados por los colombianos" y al Gobierno colombiano que promueva "el debate público sobre los detalles del acuerdo antes de que este sea sometido a su ratificación" popular, para luego solidarizarse con las víctimas urgiendo que se logre "un acuerdo que lleve ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y se aseguren que sean castigados apropiadamente".