Del limitado proceso de consulta previa o su realización bajo presiones se quejó Amnistía Internacional en un informe publicado con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemora hoy.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, los Gobiernos de toda América dan mayor importancia a los beneficios que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas.

El informe analiza el incumplimiento por parte de los Gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.

Colombia

Y para Amnistía, Colombia no es la excepción.

Tras declarar que “los pueblos indígenas deben poder participar y tomar decisiones sin sentirse presionados por actores externos. Deben poder organizarse, buscar asesoramiento independiente y cuestionar a las autoridades y a otros poderosos actores sin temor a represalias tales como el hostigamiento judicial, las amenazas u otras formas de violencia”, el informe de Amnistía ilustra la situación colombiana con dos ejemplos.

“La experiencia de las comunidades de indígenas wiwas que actualmente viven en la Sierra de Santa Marta de Colombia” es uno.

Para Amnistía, “el limitado proceso de consulta al que tuvieron acceso en relación con la construcción de la presa de El Cercado se desarrolló en un marco de graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares con el apoyo y la connivencia de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los guerrilleros. En 2005 se celebraron una serie de entrevistas entre los grupos indígenas y el organismo regional para la protección del medio ambiente. Sin embargo, ya en 2002 y hasta 2007, las comunidades wiwas sufrieron constantes intimidaciones, destrucciones de viviendas, ataques a lugares de importancia cultural y amenazas y homicidios de líderes espirituales y comunitarios. A consecuencia de ello, muchas comunidades wiwas se vieron obligadas a desplazarse de la futura zona de influencia de la presa. La presa de El Cercado, en el departamento de la Guajira, comenzó a funcionar en noviembre de 2010, pero los wiwas siguen haciendo campaña para recibir reparación por el negativo impacto que ha tenido en sus vidas”.

Uno de los trasfondos del conflicto con los indígenas de la comunidad Nasa en el Cauca, aparte de querer sacar a todos los grupos armados de sus territorios, es la llegada de empresas mineras a la zona.

Así, registró Amnistía, “los dirigentes de las comunidades indígenas cercanas de Cerro Tijeras y Honduras también han sufrido reiteradas amenazas de muerte en los últimos años por oponerse al desarrollo de actividades de extracción aurífera a gran escala realizadas por empresas nacionales y multinacionales en las tierras que reclaman como propias”.

Allí, “miembros de la comunidad afrodescendiente de La Toma, en el departamento de Cauca, recibieron amenazas de muerte en mayo de 2010, cuando hacían campaña para que se tuvieran en cuenta sus puntos de vista sobre los proyectos mineros propuestos para la zona. Los grupos paramilitares los amenazaron de muerte antes y después de que presentaran un recurso de tutela ante los tribunales exigiendo que se realizara una consulta adecuada y se solicitara su consentimiento para estos proyectos. Uno de los medios de vida de la comunidad de La Toma es la minería artesanal. Afirman que los proyectos de actividad minera a gran escala tendrán un efecto perjudicial sobre sus vidas”, publicó Amnistía.

Consultas: una obligación

“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, manifestó Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado”, precisó.

Trabajo decente

Aún queda mucho por hacer a fin de promover el acceso al trabajo decente y a la justicia social para las 370 millones de indígenas que existen en el mundo, según Wilton Littlechild, presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

En una entrevista con la OIT en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Littlechild reconoció que se han producido algunos progresos en lo que se refiere a las perspectivas de empleo y el desarrollo de calificaciones para los pueblos indígenas, en particular en los países desarrollados.

“Sin embargo, aún queda mucho por hacer a fin de ofrecer oportunidades de trabajo decente y promover la justicia social ya que, con frecuencia, los progresos en algunos países en desarrollo ocultan situaciones regionales y nacionales muy difíciles”, declaró Littlechild, que además es dirigente de la nación Cree de Canadá.

Esta situación contribuye a la vulnerabilidad de muchos pueblos indígenas –en especial entre las mujeres y niños– en relación a la discriminación y, por lo tanto, los torna más propensos a ser víctimas de trabajo forzoso o trabajo infantil.