Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Alrededor de 2 mil concejales de todo el país que han denunciado amenazas están a la espera de medidas de protección por parte del Estado. Varios de ellos no fueron cobijados con el beneficio porque se consideró que el riesgo que corrían no era extraordinario.
Al mismo tiempo, seis concejales han sido asesinados este año, sin embargo solo uno de ellos (de Buenaventura) había denunciado amenazas contra su vida. El último de estos casos sucedió el pasado lunes en Caicedonia (Valle del Cauca), en donde perdieron la vida al ser atacados por pistoleros el concejal de ese municipio Gilberto Gómez y su asistente, Edison Pulgarín. Igualmente una mujer resultó herida en este hecho.
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejos, Édgar Polo, indicó a EL NUEVO SIGLO que “en el actual periodo constitucional (2012-2015) solicitudes de medidas de seguridad tenemos 4.700, pero medidas de seguridad asignadas, llevamos 2.520. Entonces son 2.520 personas que tienen un chaleco antibalas o medio de comunicación o un apoyo de reubicación. En niveles extremos tienen una camioneta blindada, escoltas o un vehículo corriente. Eso depende del nivel de riesgo del concejal, la misma evaluación que hace la Unidad Nacional de Protección o la Policía”.
En cuanto a los 2.180 concejales que solicitaron protección y no la han recibido por parte del Estado, Polo explicó “que hay algunas en donde ya definitivamente dijeron que era nivel de riesgo ordinario y en otras aún no existe ese criterio de valoración de nivel de riesgo”.
Agregó el Director Ejecutivo de Fenacon que “eso es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección y pues ellos tienen que rendirles cuentas ahorita en el Congreso Nacional de Concejales en Medellín el 12, 13 y 14 de octubre, con presencia del presidente Santos, y tienen que informarle por qué no se han asignado medidas de seguridad a los concejales, a estos 2.200 concejales, o en su defecto decirnos si ya se les hizo y no fueron ponderados con nivel de riesgo extraordinario que ameritara la asignación de la medida de seguridad”.
En las elecciones de octubre de 2011 fueron elegidos 12.243 cabildantes que integran los 1.102 concej0s municipales y distritales en todo el país. Estos servidores públicos han sido especialmente víctimas de la violencia en Colombia, particularmente en el marco del conflicto armado han sido blanco de las guerrillas porque son la expresión de Estado que encuentran más a su alcance en algunas regiones del país.
En el año 2012 se escribió una de las páginas más negras de la violencia contra concejales, pues fueron asesinados 80 de ellos. Luego gracias a los ostensibles resultados de la Política de Seguridad Democrática y las medidas de protección en los gobiernos de Álvaro Uribe se dio una tendencia a la baja en estos casos. En el año 2005 fueron asesinados 26 concejales y de esa época a hoy el promedio está en 10 cabildantes víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Esta violencia y las amenazas se recrudecen meses antes de las elecciones regionales, como se vio en el año 2011.
Polo señaló que en la actualidad hay regiones del país en donde es mucho más sensible la seguridad de estos servidores públicos, “en el departamento del Cauca, del Putumayo, en algunas zonas del Huila en donde opera la Teófilo Forero de las Farc, en el departamento del Caquetá. Para nosotros son áreas demasiado sensibles, no significa esto que nosotros no tengamos un apoyo o no estemos ejerciendo una veeduría un poco más eficaz en el resto de los departamentos, al contrario, estamos muy vigilantes y que los concejales que están solicitando la medida de seguridad sea atendida en debida forma”.
Añadió que lastimosamente “hemos identificado que esos concejales que han sido asesinados (los del actual periodo constitucional) no contaban con unas denuncias formalizadas, quiero decir judicializadas, ante autoridad competente”, donde hayan manifestado algún nivel de riesgo.
Nuevo frente
La minería ilegal se estaría constituyendo en una nueva fuente de riesgo para los concejales del país, según dijo Édgar Polo. “Hay algo que no es oficial, pero nosotros mismos conversamos con los concejales, los compañeros de aquellos que fueron asesinados, y creo que esto se está incrementando en vista de los procesos de minería ilegal que hay en el país”.
Dijo también que esto ya es materia de investigación por parte de las autoridades: “Entonces cuando un concejal habla de manera pública, automáticamente se coloca en situación de riesgo, pero mientras no exista una amenaza, ellos no pueden denunciarlo, y lógicamente el Estado tampoco puede actuar”.