El Estado entrega tres dólares por hectárea al año a una comunidad nativa a cambio de que se comprometan a conservar y reforestar.

El gobierno peruano busca masificar un programa de incentivos económicos para comunidades indígenas para conservar los bosques de la Amazonía, amenazados por la deforestación, y contrarrestar el cambio climático.

Mediante el programa, el Estado entrega 10 soles (tres dólares) por hectárea al año a una comunidad nativa. Esta a su vez se compromete a conservar el bosque donde vive, a reforestarlo, y a dar buen uso de sus frutos y madera.

"Este programa brinda sostenibilidad al bosque, impulsa el desarrollo económico y social de la comunidad, fortalece el trabajo en zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas", dijo a la AFP Daniel Castillo, coordinador del Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) del ministerio del Ambiente.

El estímulo económico se les entrega cada seis meses y el PNCB monitorea por satélite si la comunidad cumple el compromiso de cero depredación firmado por sus líderes (apús).

"La afectación de los bosques amazónicos pone en riesgo las fuentes de alimento, sus tierras y la vida de los habitantes ya que los hace más vulnerables al impacto del cambio climático", precisó Castillo. 

200 comunidades

El proyecto, que comenzó en 2011, es parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Pero por razones burocráticas y problemas implementación solo se sumaron 16 comunidades hasta el año 2014. 

Un nuevo impulso en 2017 permitió expandirlo a nueve departamentos amazónicos, involucrando a 200 comunidades que representan 1,9 millones hectáreas de bosques.

Las comunidades indígenas beneficiarias tienen cada una entre 2.000 y 60.000 hectáreas.

Tipeshiari, una comunidad en la región sureña de Cusco, atesora 60.000 hectáreas de bosques, y sus jóvenes están recibiendo asistencia técnica para mejorar la gestión de conservación.

El objetivo para el PNCB es llegar en 2021 a cinco millones de hectáreas de selva protegida por los propios indígenas.

"Nos movemos donde la deforestación se mueve más", dijo Castillo.

Un cáncer que avanza

En 2008 Perú se comprometió con la ONU a conservar 54 millones de sus 73 millones de hectáreas de bosques tropicales y secos para contribuir a mitigar el cambio climático y favorecer un desarrollo sostenible.

La agricultura en pequeña y mediana escala, la ganadería, la minería ilegal, la tala clandestina, la producción de palma aceitera y el narcotráfico son actividades que, como un cáncer, depredan la Amazonía peruana. 

Hasta 2017, Perú perdió 7,7 millones de hectáreas de bosque natural, según un informe de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre 2001 y 2016 fueron depredadas dos millones de hectáreas de bosque amazónico. Y solo en 2017, unas 156.000 hectáreas, el segundo mayor año después de 2014, con casi 178.000 hectáreas. 

"Se debe detener la expansión de la agricultura que se caracteriza por instalarse en suelos forestales o de protección, los cuales al deteriorarse rápidamente generan mayor deforestación", dijo a la AFP Jean Pierre Araujo, de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El activista señaló que la minería ilegal, por su parte "significó el 38% de la deforestación en esa región" amazónica, específicamente en Madre de Dios, una región fronteriza con Brasil y Bolivia que concentra la minería ilegal en Perú.

"El gran desafío"

Unas 11.000 hectáreas de bosques amazónico fueron deforestadas en 2017 en Madre de Dios, la tasa más alta de los últimos 17 años.

El mayor depredador ha sido la minería ilegal que tiene su epicentro en el área de La Pampa, en medio de la reserva natural de de Tambopata, explicó Castillo.

Militares y policías lanzaron hace unas semanas una operación conjunta contra la minería ilegal en esa región, 13 meses después de que el papa Francisco llamara a proteger a las comunidades amazónicas y sus recursos naturales. 

Los mineros huyeron antes de que llegaran los militares, dejando atrás, en medio de la exuberante selva, un desierto que se expandía cada semana debido al uso de mercurio y otros elementos contaminantes.

Los desechos químicos eran lanzados al suelo convirtiendo en arena la fértil tierra y a los ríos, contaminado sus aguas y peces, que son alimentos de las comunidades nativas.

Combatir la tala ilegal "es el gran desafío", dijo a la AFP Luis Gonzales, director del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del ministerio de Agricultura.

"Estamos trabajando con varias organizaciones como gobiernos regionales, locales, comunidades para detener su expansión".