Desde hace varias semanas he venido insistiendo a través de esta columna en la necesidad de realizar cambios en la política de licencias ambientales y en los mecanismos de control del seguimiento de los compromisos adquiridos en las mismas y de la adecuada verificación de los daos que se aportan para validar la información; para mal de todos hoy Hidroituango me está dando la razón.
La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su preocupación y ha abierto investigaciones sobre los posibles daños ambientales generados por la obstrucción del túnel que desvía las aguas del río Cauca y sobre los responsables de las consecuencias que dicho taponamiento está generando en toda la cuenca; aunque se deberá dejar en claro que lo primero es la atención humanitaria y la mitigación del terrible daño ambiental que se está generando al país.
Es más que probable que la situación actual se hubiera podido prever y que por lo tanto sus consecuencias hubieran podido ser tenidas en cuenta dentro del marco de los planes de contingencia establecidos para dicho evento; por lo tanto, podemos colegir que la deficiencia en los estudios previos, por lo menos en el aspecto socio-ambiental, es la principal generadora de la situación actual y el daño ambiental es imputable a la imprevisión de los constructores y a la falta de eficiencia de los entes gubernamentales de control ambiental.
Quizá la comunidad en general no tenga conocimiento de que de acuerdo con la resolución 027 del pasado mes de enero, emanada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) , el proyecto hidroeléctrico Hidroituango generó una afectación ambiental por el inadecuado manejo de los desechos de la construcción de la vía Puerto Valdivia a la presa, lo cual acabó generando el taponamiento con pleno conocimiento del contratista y de la autoridad ambiental; lo que quizá tampoco se sabe es que esta resolución partió de una recomendación escrita del equipo técnico del grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la ANLA que visitó la zona los meses de octubre y noviembre de 2017, recomendando imponer una medida preventiva de suspensión de la obra de construcción de la vía de acceso puesto que “no está dando cumplimiento a las obligaciones previstas en la Licencia Ambiental”.
El mismo informe manifiesta que “se verificó que el sobrante de la excavación de la vía está siendo arrojado a los taludes que se encuentran a lo largo la misma, con lo que evidencia la posible afectación de la cobertura vegetal y del suelo allí presentes, así como riesgo al recurso hídrico de la fuente señalada”; para ser totalmente claros, estamos hablando de impactos que pueden ocasionar la aparición de consecuencias no previstas que generan riesgo de degradación del lecho del río, cambios en la dinámica del cauce y en las condiciones de calidad del agua, y cambios en los regímenes de los ecosistemas con lo que afectan la supervivencia de especies principalmente las endémicas.
En su resolución la ANLA determinó un plazo máximo de tres meses (vencidos el 21 de abril pasado) para que la empresa adecue las zonas de depósito de tal manera que se cumpla con las franjas de retiro de las márgenes del río Cauca y la quebrada la Guamera, además de retirar los desechos que se arrojaron en los taludes y zona de ronda del río Cauca, pero también a otros drenajes que estén afectados.
¿Por qué se esperó desde noviembre hasta enero para expedir la resolución? ¿Por qué no se siguió el criterio técnico para suspender la obra? ¿Por qué se dejó vencer el plazo de la resolución y no se tomaron acciones? ¿Una multa por grande que sea compensará los daños causados? Va siendo hora de que tomemos en serio los parámetros ambientales y de que se le ponga coto a la falta de rigor en los estudios sobre el tema.
@alvaro080255