Según Corpoboyacá en el sistema de 'bolsa regional' las empresas puedan realizar “transacciones e intercambio” de unidades de carbono

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Fue lanzado hoy el primer sistema de reducción de gases contaminantes, denominado Mecanismo Regional de Reducción de Emisiones (MRRE) de Gases Efecto Invernadero (GEI), un novedoso sistema que está encabezado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y al menos 20 empresas del departamento. 

Dicho evento contó con la que participa el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano. 

En el mecanismo, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente, están incluidas todas las cementeras, siderúrgicas, termoeléctricas y concreteras boyacenses, así como una empresa avícola y pequeños alfareros del Valle de Sogamoso, que hasta hace siete años era el tercer complejo industrial más contaminante del país. 

Según Corpoboyacá, lo que se espera con el mecanismo, es que las empresas vinculadas voluntariamente creen una “bolsa regional” en la que puedan realizar “transacciones e intercambio” de unidades de carbono, además de brindar apoyo y herramientas a las empresas líderes de la región para mejorar su desempeño ambiental en materia de emisiones atmosféricas y calidad del aire.

Una bolsa de carbono es un mecanismo -como le denomina Corpoboyacá- en el cual los empresarios se van a comprometer a una meta máxima de emisión de GEI.

El director de la Corporación, José Ricardo López Dulcey, expuso que en el marco de este acuerdo intersectorial, los industriales se vinculan a una plataforma diseñada por Corpoboyacá que permitirá medir lo que están emitiendo y con ello, adquieren el compromiso de “no superar anualmente un incremento del 2% en las emisiones de los GEI”.

A cada compañía, por este compromiso, se le otorgan unas cuotas de emisión, es decir, unos límites de emisión de GEI, topes que algunos empresarios lograrán cumplir, otros que estarán por debajo, u otros que lo superarán.

“No pueden emitir más de esas cuotas que se les están dando. Si emiten menos, si les sobran cuotas, se las pueden vender a aquel empresario que superó el número de cuotas que se le habían entregado. Hay un intercambio y por eso algunos lo llaman un mercado”, dijo López Dulcey.

El director le explicó a la Agencia Anadolu que ese 2% es una meta calculada con respecto a una línea base o medición inicial que será la de 2018. Así las cosas, “el incremento se medirá si las compañías emitieron más del 2% adicional a lo que venían emitiendo, y la idea es no hacerlo”.

¿Cómo se van a regular esas cuotas de emisión y a comprobar que lo que registran las empresas sea real? El MRRE contempló un equipo de auditores que validarán la información que entregan los empresarios. 

Por otra parte, el escenario de diferencia de cumplimientos de cuotas por parte de las empresas (unas por encima de la meta y otras por debajo del límite), permitirá que se establezca un valor (económico) a cada cuota de carbono. Dicho precio lo fijará el mercado, pues no tiene un valor específico o fijo, a través de la plataforma que diseñó Corpoboyacá, que recibirá, calculará y entregará la información.

“Hay unos entes rectores de este mecanismo, un Comité Directivo que está conformado mayoritariamente por los empresarios y con presencia de Corpoboyacá. Aunque es algo voluntario, mayoritariamente administrado por ellos, habrá un comité técnico que evaluará o medirá los registros dados por cada empresa”, especificó López.

Lo importante es que después de un intercambio entre todos los empresarios vinculados, se cumpla la meta conjunta de no superar el 2% adicional de emisión de CO2.

El titular de Corpoboyacá confía en que este mecanismo sea replicado a nivel país, al tiempo que aclara que el MRRE no es un mecanismo coercitivo, sino voluntario.

“De esa manera la Corporación terminará siendo la entidad que genera que nuestros empresarios boyacenses responsables sean pioneros en el país en tener un mecanismo para reducir el CO2”, indicó. 

Y subrayó: “Este no es un método de comando y control, o coercitivo. No, esto es voluntario, por eso es un gran ejemplo. Tanto así que ya nos están llamando de otras partes del departamento y en la medida en que empiece a funcionar, aquí se vincularán empresarios de otras partes del país”.

Finalmente, López Dulcey destacó por qué esta propuesta surge desde Boyacá: “Hace siete años, el tercer complejo industrial más contaminado del país era el Valle de Sogamoso. Yo llegué a la dirección con la meta de reducir las emisiones de partículas contaminantes. Empezamos este proceso de reducción de CO2 y lo logramos”.

Según relató, en dicho proyecto hubo incluso 150 propietarios de hornos de cal y ladrillo que manifestaron que ellos no hacían reconversión tecnológica porque eran ancianos o madres cabeza de familia. 

“Lo que hicimos fue proponerles que demolieran los hornos y les medimos la huella de carbono. ¿Cuánto iban a generar esos hornos si funcionaran en diez años? Calculamos eso y les pagamos ese valor para que demolieran sus hornos. Les pagamos por el CO2 que dejaron de emitir… les estamos pagando mensualmente COP 540 mil a cada uno, y donde había hornos, hoy hay árboles. Se redujeron las emisiones de partículas, hoy están muy por debajo de la norma”, detalló.

Este proceso se realiza desde hace cuatro años, pero se va a ampliar por lo menos un año más, según comentó López.

Susana Vélez Haller, consultora senior en Política Climática de South Pole Colombia, elogió la iniciativa y afirmó que “es un piloto regional para lo que viene a nivel nacional”. 

“En este proceso se aprenderán lecciones para la implementación en todo el país y todos los sectores. Este primer ejercicio a nivel regional es muy útil pues permite entender los desafíos de estos sistemas y hacer los ajustes necesarios para la implementación del Sistema de Transacción de Emisiones a nivel nacional”, le dijo Vélez a la Agencia Anadolu.

La consultora también resaltó que el MRRE va a funcionar, pues es un proceso que se viene construyendo hace mucho tiempo en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. 

“Este tipo de sistemas viene funcionando en el mundo y Colombia no se debe quedar atrás en la implementación de los mismos. Todas las reducciones de emisiones que se realicen en el país y que sean debidamente reportadas y monitoreadas, aportan a las metas establecidas por Colombia en el Acuerdo de París”, señaló.

Durante el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizó la semana pasada en Nueva York, el presidente Iván Duque dijo que Colombia “no es parte del problema del cambio climático”. Al respecto Vélez Haller aseguró que lo dicho por el mandatario “es una mala interpretación de las emisiones que genera Colombia”. 

“En el Acuerdo de París casi todos los países del mundo acordaron que todos tenemos una responsabilidad diferenciada pero compartida. Es decir, que Colombia sí tienen participación en la crisis climática, mínima comparada con otros países, claro está pero la tiene”, indicó. 

También explicó que Colombia hace parte de la crisis climática porque es un país altamente vulnerable: “Nosotros tenemos unas costas que tienen alta vulnerabilidad, la zona andina también es muy vulnerable ante eventos climáticos extremos”.

La consultora concluyó diciendo que ‘Fridays for Future’ y el movimiento de Greta Thunberg demuestran que “todos podemos aportar a esta crisis” y que dentro de la responsabilidad de los gobernantes y los tomadores de decisión está reconocer ese aporte. “(Al presidente) le falta un poco hablar con el ministro de Ambiente que tiene muy claro el proceso de cambio climático, adaptación y reducción de GEI, para entender ese 0,46% de las emisiones que Colombia aporta a las emisiones globales”.

Las desventajas

Pese a que el proyecto fue lanzado dentro del Protocolo de Kioto2, un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el fin de reducir la emisión de los GEI, y que cuenta con el respaldo de la legislación nacional, varios expertos han señalado algunas fallas.

Para Mario Duarte Villarello, doctor en Relaciones Internacionales y experto en política ambiental internacional, en un principio este tipo de proyectos se vieron como algo positivo, pero después se empezó a ver una tendencia en las que los países o empresas con mayores emisiones de GEI la usaban para pagarles a terceros para que “reduzcan sus emisiones”.

“Es en este punto donde se encuentra la parte que es muy criticada, porque en realidad no es un esfuerzo de reducción como es el espíritu de la convención. Precisamente el mecanismo de desarrollo limpio tenía esta propuesta como una forma de dar tiempo para que los países y empresas se pudieran preparar para reducir sus emisiones, pero en la práctica ha resultado que es una trampa. Con esta medida los países y empresas dejan de ser menos comprometidos con las metas de reducción y prefieren pagar para que terceros países o empresas lo hagan”, señaló el experto.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también expresó sus preocupaciones sobre esta medida, señalado que puede incluso llegar a alentar la emisión de este tipo de gases.

En lugar de alentar a que los países y empresas, dentro de sus políticas energéticas, reduzcan esas emisiones, estos pagan a terceros para que lo hagan, evitando moverse a una economía baja en carbono.

“Las empresas que más participan en este tipo de esquemas son petroleras, las petroquímicas, siderúrgicas y la industria agropecuaria, entre otras, porque estas empresas son las principales interesadas en ‘reducir sus emisiones’ pero financiando las emisiones de terceros, mejor dicho, financiando la reducción de emisiones de terceros”, afirmó Duarte.

El analista reitera que sería mucho mejor si los países transitaran o movieran sus políticas "hacia aquellas que les permiten tener menos dependencia de las energías fósiles, más uso de las energías limpias y que se acerquen más a lo que es el espíritu original de lo que es el Protocolo de Kioto".