Existe la estructura de reinserción para atender una desmovilización masiva de los integrantes de la guerrilla

De momento no está contemplado adelantar un plebiscito para consultar al pueblo sobre los acuerdos que se puedan dar entre el Gobierno y las Farc en la mesa de diálogo, aclaró ayer el presidente del Senado, Roy Barreras, frente a las versiones que éstos serían llevados a un referendo. En tanto que se siguen alistando los aspectos jurídicos y operativos en caso que se firme la paz.

“Es probable que terminado el conflicto y desarrollado el Marco Para la Paz, después de que estén listas todas las leyes, sería conveniente realizar un legitimador masivo como una consulta popular, no un referendo, no un plebiscito. Es un tema absolutamente posterior”, dijo Barreras.

El Parlamentario del Partido Social de Unidad Nacional (La U) dijo que el Congreso cumplirá el papel de legitimador cuando se sometan a discusión los proyectos que reglamentan los acuerdos.  Esta es una negociación entre el Gobierno y las Farc, anotó.

Para el Gobierno y el Congreso es claro, así coincidieron en la cita que sostuvo hace unas semanas el presidente Santos con los partidos que integran la Unidad Nacional, que las normas necesarias para una eventual dejación de armas por parte de las Farc se irán dando en la medida que se avance en la mesa de negociaciones en un proceso que será lanzado el mes próximo en Oslo (Noruega) y luego pasará de lleno a desarrollarse en La Habana (Cuba).

No obstante desde ya el Gobierno nacional viene juntando pieza a pieza la estructura jurídica y operativa para un eventual cese del conflicto. Así lo confirma la decisión del presidente Santos de convocar luego de más de una década el Consejo Nacional de Paz.

Aunque esta fue una petición que le hicieron al Jefe de Estado las comisiones de paz del Congreso en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles, Santos fue más allá porque se comprometió a reformarlo para darle cabida a sectores sociales que hoy no tienen asiento, como son las víctimas.

Así lo confirmó el senador Barreras, quien dijo que “es útil convocar al Consejo Nacional de Paz, pero hay que reestructurarlo. El decreto que lo constituyó y la ley que lo planteó es del año 98, así que está desactualizado; contiene figuras que ya no existen, no están las víctimas, de manera que el Gobierno se comprometió a reestructurarlo a través de un decreto”.

Si bien el Consejo Nacional de Paz apenas es un órgano consultivo, con su activación Santos da respuesta al pedido que habían hecho diferentes sectores sociales para participar en este proceso de paz, que será complementado con una socialización del mismo a nivel regional, como lo planteó esta semana a gobernadores y alcaldes el ministro del Interior, Fernando Carrillo.

Participación política

Existe un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para incluir en el acto legislativo para cambiar de partido un año antes de las elecciones, que ya surtió un debate, mecanismo que garanticen la participación política de movimientos que puedan surgir a partir de un acuerdo con las Farc.

“Si el proceso de paz va bien, con resultados, en la segunda vuelta del proyecto, que se iniciaría en marzo, se discutirá la participación en política de las expresiones que surjan del acuerdo”, explicó el representante Guillermo Rivera.

Reinserción

Existe la capacidad para atender el proceso de reinserción de cerca de 9 mil integrantes de las Farc en caso de que se firme la paz, teniendo en cuenta que se tiene la experiencia y los programas que sirvieron a la desmovilización de las autodefensa en el marco de la Ley de Justicia y Paz. “

“Afortunadamente en nuestro país ya tenemos 10 años de experiencia acumulada en procesos de reintegración. Nuestra experiencia es mucho más positiva de lo que muchos colombianos imaginan”, explicó Alejandro Eder, director general de la Agencia Nacional para la Reintegración.

Acción penal

La acción penal contra los integrantes de la guerrilla es uno de los puntos más complejos en la negociación con las Farc porque el Gobierno anticipó que no habrá indultos ni amnistía.

En este sentido ya se cuenta con el Marco para la Paz que aprobó el Congreso, el cual establece que solo se judicializará a los cabecillas.

Sin embargo está pendiente la reglamentación en la cual debe establecerse en este punto las penas a que se harían acreedores los jefes guerrilleros en el marco de la justicia transicional.