Un nuevo intento por independizarse de España vuelve a estar en la agenda catalana. Líderes de la región convocaron para el próximo 1 de octubre una consulta, sin el previo control del Tribunal, retando a Madrid, que ha dicho que tomará medidas.
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Al igual que hace dos años, la independencia de Cataluña enfrenta de nuevo a Madrid y Barcelona, tras el anuncio de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat (Ejecutivo de la región), al fijar un referendo para el próximo 1 de octubre, cuya pregunta será –textualmente- si “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”
Puigdemont, acompañado de los diputados que apoyan la iniciativa, y con la firmeza de que va salir adelante, explicó el viernes que celebrará el referendo amparado por “el derecho legítimo a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña”.
Sin el previo control constitucional del Tribunal Supremo, los independentistas catalanes confían que, independientemente del fallo, el referendo soberanista se celebrará, respaldado por el principio de autodeterminación de los pueblos, base de un Estado de Derecho, dicen sus defensores.
Pero esta visión es criticada por amplios sectores en España, que argumentan que, si no es aprobado por el Tribunal, viola la Constitución. Su posición, contraria a la de las autoridades catalanas, defiende que cualquier iniciativa popular debe cumplir con las exigencias legales y constitucionales del Estado, hoy vulneradas por la iniciativa.
Este argumento, mayoritario en las instituciones españolas, es el que tiene más fuerza al interior del Tribunal, que definirá las próximas semanas si el referendo es válido o no. Según información de medios locales, todo indica que invocará la soberanía del Estado español rechazando la iniciativa, que al menos en Cataluña ya parece una realidad.
Los independentistas catalanes, un conjunto de diversas fuerzas políticas que van desde la extrema izquierda hasta la derecha, han dicho que, pese a las amenazas de Madrid de iniciar acciones penales contra aquellos que insistan en convocar a un referendo, seguirán adelante con el proceso. “La unidad es lo que nos hace fuertes. Los que nos quieren dividir son los del PP; somos una nación y queremos decidir”, dijo el diputado de Catalunya Sí, Joan Josep Nuer.
El País de España reveló que los independentistas, de acuerdo a un borrador escrito por la Generalitat, tienen un “plan b” para activar el referendo, ante la respuesta casi segura del Tribunal negando su convocatoria. En esta filtración, que aún no ha sido desvirtuada por las autoridades autonómicas, se habla que el consejo de Cataluña viene trabajando en una “Ley de transitoriedad jurídica”, para que se declare unilateralmente la independencia después que se conozcan los resultados.
El mismo texto, que ha despertado la furia del gobierno de Mariano Rajoy, también fija que Cataluña realizará una Constituyente para establecer una “república parlamentaria”, sin relación alguna con Madrid. “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referendo, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”, afirma el borrador.
Antecedentes
El referendo de independencia es la consecuencia de las malas relaciones entre Madrid y Barcelona desde hace 11 años. En un momento de presunta calma, las autoridades autonómicas, que en ese entonces sólo buscaban una mayor autonomía regional, presentaron el Estatuto de Cataluña, en 2006, alegando una serie de peticiones a nivel económico, político y social. Desde entonces, la relación ha estado marcada por diferencias irreconciliables.
Todo empezó por el negado Estatuto. Luego de haber sido aprobado en las altas cortes y con el visto bueno del Ejecutivo del PSOE (socialista), fue recusado por el Partido Popular, en la oposición por ese entonces, que lo frenó, invocando la soberanía de España por encima de las regiones. Ante el rechazo constitucional, se modificaron las demandas y después se convocó un diálogo, pero ninguna cosa procedió. Luego, llegó Rajoy al poder y desde entonces las partes han adoptado posiciones inflexibles, con intentos fracasados de reconciliación.
El gobierno de Rajoy ha dicho que no está dispuesto a ceder ante las pretensiones de Cataluña
En un intento por recuperar la agenda independentista, en 2014 Artur Mas, político de extracción de derecha, tomó esta causa, para ponerle de nuevo las cartas sobre la mesa a Madrid. De la misma forma que Puigdemont lo hace ahora, dijo que Cataluña realizaría un referendo, que finalmente se celebró en noviembre 9 de ese año con un resultado positivo.
A diferencia de la actual consulta, esta no tenía efectos vinculantes, sino simbólicos. Las autoridades catalanas sólo buscaban enviarle un mensaje a Madrid para demostrar que, pese a sus reiteradas negativas, el sentimiento soberanista era una realidad. Por esto, Mas fue inhabilitado por dos años al desconocer un fallo del Tribunal Supremo de Cataluña, que no aprobó la celebración del referendo.
Para atrás, para adelante
Las autoridades catalanas dan por sentado que el Tribunal va declarar inconstitucional el referendo independentista, presentando argumentos similares a los que dio en la sentencia de 2014. De momento, insisten que el proceso debe seguir, planteando algunos temas de forma, como que los funcionarios pueden adoptar posiciones políticas, sin ser objeto de ninguna sanción.
El gobierno de Rajoy, sin embargo, ha dicho que no está dispuesto a ceder ante las pretensiones de Cataluña y reiteró que la hora de adoptar una estrategia frente a la intención soberanista ha llegado. “Tenemos que prepararnos a una estrategia de tensión por parte de la Generalitat (el ejecutivo catalán) y los partidos independentistas”, declaró Soraya Sáenz de Santamaría, en TVE, al ser preguntada sobre el tema.
Por el escaso tiempo entre la convocatoria y la celebración, el referendo anunciado por Puigdemont ha sido criticado. En sólo tres meses, los partidarios de la secesión, y los que no, tendrán que hacer campaña y convencer a los electores, lapso insuficiente si se compara con el fallido referendo escocés, que tuvo casi un año de campaña.
Eventualmente, la estrategia del Ejecutivo sería enfrentar el independentismo con una ofensiva judicial. Por causas relacionadas a este, existen 400 procesos en curso en la justicia española, según Xavier Domènech, diputado independentista presente en la Asamblea Nacional, pero la novedad estaría en que muchos de estos pasarían a ser tratados por la jurisdicción penal.
El 61 % de los catalanes rechaza la independencia de España, pero insiste en la necesidad de modificaciones urgentes para darle a Cataluña mayor autonomía. Ante un aparente referendo, el No parece tomar ventaja, sin dejar de lado las masas silenciosas que suelen ser determinantes en este tipo de consultas.
Las partes, por ahora, no dan señales de diálogo, sino que se afianzan en sus posiciones.
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