Los programas dirigidos a la población que atiende la Ley de Víctimas, a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral, están en riesgo ante un posible recorte del 45% del presupuesto destinado para la participación.

Así lo advirtió la recién conformada Mesa Nacional de Víctimas, que se instaló ayer en un evento en Girardot (Cundinamarca), y cuyo coordinador Jorge Vásquez dijo que a través de un proyecto de ley del Ministerio de Hacienda se busca disminuir los recursos de la Unidad.

“Hoy cursa un proyecto de ley del Ministerio de Hacienda donde piensan descontarle a la Unidad el 45% de los recursos para la participación. No podemos pedirle compromiso con este proceso a los gobernadores y alcaldes, cuando no hay seguridad económica”, subrayó Vásquez.

Por esta razón, el vocero le exigió al Ejecutivo garantizar el presupuesto para la Unidad. “Que el Gobierno nacional haga lo propio y adjudique los recursos”, precisó.

 

Reformar la 1448

A su turno, el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, coincidió con este reclamo al decir que el financiamiento de los programas se hace con dinero para invertir en la salud y en la educación de los pobres.

“Infortunadamente la Ley define una gran parte del financiamiento de todos los programas a cargo del Sistema General de Participaciones. Eso es quitarle plata a la educación y de la salud de los colombianos, esa plata es de los pobres”, señaló el parlamentario.

“Estamos reparando a las víctimas con plata misma de las víctimas y los ricos no están colocando la plata que deberían poner, eso no es justicia social”, precisó.

El congresista agregó que “ese tema hay que buscar cómo lo resolvemos doctora Paula (Gaviria, directora de la Unidad de Reparación de las Víctimas). La injusticia que se ha hecho con las víctimas de este país no se puede resolver con otra injusticia. Hay que reformar la Ley1448, ojalá el Gobierno sea consciente de ello”.

El senador le hizo un llamado a la Unidad para que solucione el problema con la cartera de finanzas. “Tendrá que hablar urgentemente con el Ministro de Hacienda. Si las víctimas son vulnerables, no podemos disminuir ese rubro de la atención de víctimas”, dijo Avellaneda.

“Ojalá el Gobierno envíe un mensaje a las plenarias de Senado y Cámara para que le devolvamos a las víctimas los rubros en materia presupuestal lo que corresponde a la vigencia de 2014”, puntualizó.

 

Alternativas

Frente a esos reclamos, la directora de la Unidad de Reparación de las Víctimas aseguró que el mismo Gobierno está al tanto de las dificultades en el presupuesto.

“El Presidente es consciente de los retos, que los 54,9 billones de pesos para la aplicación de la Ley de Víctimas pueden ser insuficientes. Estamos mirando con el Ministerio de Hacienda la marcha de la aplicación y cómo avanzamos en el tema presupuestal”, dijo Gaviria.

No obstante, hizo un llamado al Congreso para que no deje solo al Ejecutivo en este tema. “No dejen solo al Gobierno nacional. El Congreso tiene que seguir abanderándose de este tema, tiene que seguir ayudándonos en las dificultades presupuestales que puedan surgir  y en las necesidades de reformas legales que puedan surgir”, recalcó.

Gaviria señaló que es necesario hacer ajustes a la norma base del proceso de reparación a víctimas, pues esta, dijo, no es perfecta. “Con todo el respeto del Congreso, la Ley 1448 no es perfecta, hay muchas cosas por mejorar. Hemos hablado de la necesidad de hacer ajustes y hacer otras reformas u otras leyes que se complementen con la Ley de Víctimas”, puntualizó.

Críticas a extinción

De otra parte, el senador Avellaneda le hizo reparos al proyecto de reforma al Código de Extinción de Dominio, de autoría de la Fiscalía, el cual, dijo, disminuye el monto de los recursos destinados a las víctimas, producto de la venta de las propiedades incautadas a las organizaciones al margen de la Ley

“Parte de esos bienes en la Ley 1448 son para la reparación de las víctimas y la Fiscalía quiere llevársenos una parte”, advirtió. También aseguró que el proceso de restitución de tierras va muy lento.

Participación de proceso de paz

Tras la petición del coordinador de La Mesa Nacional de Víctimas Jorge Vásquez para que de esta organización salgan los representantes para ir a Cuba a hablar con las Farc, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que le pedirá al Gobierno formalmente tener en cuenta es propuesta.

“El compromiso que asumo es hacer la solicitud como Defensor del Pueblo para que se escojan o se genere un proceso para que tengan asiento en La Mesa cuando se discuta el punto de las víctimas (quinto en la agenda de negociación de Gobierno y Farc). Que sean las víctimas, directamente, quienes tengan la vocería, los planteamientos y lleven la posición oficial. Así lo haré llegar al Gobierno nacional”, dijo Otálora.

Frente a la iniciativa, Vásquez afirmó que quieren decirle a las Farc la forma en qué deben repararlos. “Para decirles, mediante una participación efectiva,  cómo fuimos afectados y cómo podemos ser reparados”, indicó.

Entretanto, Paula Gaviria dijo que “la idea es que ellos, en esta Mesa Nacional, definan cómo van a proponerle al Gobierno nacional y a los negociadores de la guerrilla, la forma de esa representación. Creemos que es legítima e importante. Esperamos que La Mesa de La Habana defina esta participación”.

 

Mensaje del Presidente

En mensaje enviado a la Mesa Nacional de Víctimas, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “hasta hace poco las víctimas eran desconocidas y excluidas”. Pero ahora, al reconocer a la población afectada por la violencia en el país, esto se tradujo en políticas públicas.

El Mandatario expresó que La Mesa servirá para que los afectados por la violencia “sean vigilantes de las entidades”. Señaló que la “participación en este proceso será crucial para la paz”.

El pasado lunes, al concluir la cuarta reunión del Comité del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Santos ordenó a sus ministros mantener la prioridad en la atención a las víctimas del conflicto en el país.

“Hasta la fecha llevamos 317 mil víctimas reparadas. Un costo cercano a los 2 billones de pesos. Y esto significa que vamos a cumplir nuestra meta; la meta que nos habíamos puesto para cuatro años era de 385 mil víctimas reparadas”, señaló.

Actualmente el contador de la página web de la Unidad indica que hay un total de 5.781.710 víctimas registradas.

 

Qué es la Mesa y cómo funciona?

La Mesa se eligió a 70 representantes y en su parte estructural al Coordinador y el Comité Ejecutivo. Los delegados son personas que presentan 14 hechos victimizantes y enfoques diferenciales.

La organización será la cargada de interlocutar con el Gobierno Nacional y las 51 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) las políticas públicas.

La organización deberá concertar los planes, proyectos y programas que permitan dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, para asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado.  

El proceso de selección arrancó con la instalación de 865 mesas municipales, 32 departamentales y la mesa distrital de Bogotá. Los delegados estarán en esta representación hasta marzo de 2014. Las víctimas resaltaron el mecanismo al señalar que este las “visibiliza y mejora la aplicación de la norma”.

La Directora de la Unidad destacó la conformación de la representación al decir que es única en el mundo. “Es muy positiva la creación de un instrumento de la participación política. La Ley de Víctimas previó que una institución dentro de la política pública es la Mesa de Participación. Es la primera vez que una política pública de víctimas en el mundo cuenta con una instancia de participación de víctimas. Es un proceso democrático y transparente”, manifestó.

La herramienta obliga a las entidades nacionales, departamentales y locales al cumplimiento de la Ley en la asistencia, protección, prevención y preparación. En estas instancias las víctimas tienen derecho a participar a hacer seguimiento de las políticas públicas.

Posterior a la conformación de la Mesa, se reunirán los subcomités del sistema. También se realizará la revisión de los planes de acción de los mandatarios locales. El 97% de las entidades territoriales cuentan con planes de acción de víctimas.