El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez,  ha manifestado su preocupación por un asunto clave en cuestiones que atañen a juzgamiento de militares: la urgencia de agilizar el trámite de fallo definitivo en el proceso de nulidad en contra del acto del 14 de junio de 2006, suscrito por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación. Ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado prelación.

El acto demandado que se denomina Apoyo a la Justicia Penal Militar imparte directrices a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y a los directores nacionales y seccionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación, sobre determinados aspectos procesales relativos al manejo de evidencia probatoria y de la cadena de custodia y conocimiento inicial de investigaciones.

Para el Procurador, el establecimiento de competencias de los funcionarios es determinante no solo para optimizar la investigación judicial sino ‘para esclarecer la aplicación y vigencia del fuero penal militar en cada caso particular’. La inquietud del procurador Ordóñez es lógica, ya que como él dice es de suma importancia en el contexto de persecución y enfrentamiento de los grupos subversivos y organizaciones criminales.