La decisión del Ministerio de Salud de intervenir el precio del medicamento Glivec, producido por la multinacional farmacéutica Novartis, marca sin duda un punto de inflexión sobre la forma en que el Estado colombiano debe proteger a los pacientes de enfermedades graves y catastróficas, como el cáncer.

Tras muchos meses de negociación con la multinacional que tiene la titularidad del medicamento, con el fin de llegar a un acuerdo para abaratar su precio en el mercado colombiano, no hubo acuerdo entre las partes. Por ello mismo, el Gobierno decidió intervenir el precio y dejar que sea una instancia nacional la que fije su valor.

Ya varios países han tomado decisiones similares respecto a medicamentos que si bien están cubiertos por licencias y tratados de propiedad intelectual, es necesario abaratarlos para facilitar su suministro a miles de pacientes, en salvaguarda del derecho a la vida, que es la función primaria de todo aparato institucional.

Es claro que la decisión tendrá consecuencias y vendrán presiones y medidas a nivel internacional, pero habrá que manejar de forma inteligente esa situación, tal como lo han hecho otras naciones en donde, incluso, se ha permitido la producción genérica de medicamentos cuyas licencias titulares no han querido ser cedidas, pese a tratarse de asuntos de salud pública.