Alcances de todo tipo por nueva elección de Fiscal | El Nuevo Siglo
Miércoles, 29 de Febrero de 2012

1.    TENSIÓN JUDICIAL: es claro que a la Corte Suprema no le gustará mucho que el Consejo de Estado haya anulado la escogencia de la Fiscal General, más aún en medio de rumores que hablaban de presuntas presiones y lobby políticos y jurídicos al máximo tribunal contencioso-administrativo para que Morales saliera del cargo. Es más, en los pasillos de la Corte se decía que el Consejo de Estado, por solidaridad de cuerpo y ‘cortesía jurisdiccional’ no tumbaría la escogencia de Morales pues sería la ‘cuota inicial’ de otro choque de trenes entre las altas Cortes.

2.    ¿MAGISTRADOS PREVARICADORES?: los argumentos expuestos anoche por el Consejo de Estado en torno a los vicios en que incurrió la Corte Suprema en diciembre de 2010 al escoger a Morales, bien podrían dar lugar a que se instaure ante la Comisión de Investigación u Acusación de la Cámara una denuncia penal contra los integrantes del máximo tribunal de la justicia ordinaria, bajo la presunta tesis de que incurrieron en prevaricato por acción.

3.    DILACIÓN A YIDISPOLÍTICA: una vez más los procesos contra ex ministros como Sabas Pretelt y Diego Palacio, investigados por el escándalo de la parapolítica, quedarán en el aire puesto que sólo pueden ser investigados por la o el Fiscal General. Desde tiempos de Mario Iguarán esos procesos se han ido dilatando y dilatando, entre vicefiscales y luego fiscales como Mendoza y ahora Morales.

4.    URIBISMO ‘ALIVIADO’: el cambio de terna de Fiscal fue uno de los elementos clave en el alejamiento entre el presidente Santos y el ex mandatario Uribe, quien se convirtió en principal crítico de Morales a medida que la Fiscalía fue procesando a muchos ex funcionarios de ese gobierno, el último de ellos nadie menos que el ex alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy por hoy prófugo. Ahora, al integrar la nueva terna, es seguro que el uribismo esperará que el perfil de los nuevos postulados por la Casa de Nariño no sea antiuribista de entrada.

5.    EL RETO DE SANTOS: el Jefe de Estado siempre dijo que cuando postuló a Morales en la terna lo hizo en “homenaje” a Uribe, pues ésta había trabajado con su gobierno. El ex mandatario siempre negó que se le hubiera consultado y poco a poco se convirtió en el más crítico de la jefe del ente acusador. Ahora Santos debe integrar otra terna, y tener cuidado en que los perfiles garanticen una total autonomía de la Fiscalía, convenza a la Corte Suprema de ello y obvie las críticas del uribismo en torno a que la justicia se politizó y parcializó contra el anterior gobierno.

6.    MORALES NO VOLVERÍA:aunque persisten las dudas en torno a si Santos podría volver a ternar a Morales para Fiscal General, lo cierto es que difícilmente lo haría por la polémica y reservas generadas por la reanudación de su  relación matrimonial con el polémico Carlos Alonso Lucio. Es claro que por más que se gestión esté bien calificada, ni el Gobierno o la Corte se inclinarían por escogerla de nuevo para dirigir el ente acusador.

7.    IMPACTO EN REFORMA JUDICIAL:este nuevo traspié en la elección de Fiscal General le dará impulso al Gobierno y el Congreso que insisten en quitarle a la Corte Suprema la facultad de elegir al titular del ente acusador, dejando, según el artículo incluido en el proyecto de reforma a las justicia, tal labor en cabeza del Presidente de la República, que ternaría, y el Parlamento, que elegiría. No hay que olvidar que uno de los principales peros de las Altas Cortes al proyecto de reforma es que éste les quita la posibilidad electoral o nominadora en los casos de Fiscal, Procurador y Contralor.

8.    ACELERAR NUEVA ESCOGENCIA O… : si la Corte quiere elegir al nuevo o nueva Fiscal deberá presionar al Gobierno para que integre la terna y la remita lo más rápido posible. De lo contrario, podría darse la situación de que la Casa de Nariño dilate la conformación de la baraja de candidatos con el fin de dar el tiempo a que el Congreso apruebe la reforma judicial y, entonces, se cambiaría la escogencia del titular del ente acusador, dejando la decisión en cabeza del Ejecutivo y el Legislativo.