Tal como a los congresistas, los directores de organismos de control y los magistrados de las altas cortes, un proyecto de ley busca dar un fuero especial de juzgamiento en caso de la comisión de delitos en ejercicio de sus funciones a los alcaldes distritales y municipales.

La iniciativa, presentada por los representantes del Partido Liberal Hugo Orlando Velásquez, Rafael Romero Piñeros y Pedro Pablo Pérez, que adiciona un numeral al artículo 34 de la Ley 906 de 2004, busca asignar a los Tribunales Superiores del Distrito estos casos.

Según el representante Velásquez, se están cometiendo errores en el juzgamiento de los alcaldes debido a que gran parte de los jueces no son especializados en el procesamiento de delitos contra la administración pública.

“Los jueces son personas versadas en derecho penal pero poco conocedoras de la administración pública. Un juez no tiene preparación en leyes relativas al presupuesto, por lo menos hay cinco o seis leyes que manejan este tema. Entonces estamos abocados en que los jueces de menor jerarquía están juzgando a los alcaldes”, aseguró el Parlamentario.

La argumentación del proyecto dice que las investigaciones contra los mandatarios municipales en la actualidad, “vienen siendo de conocimiento de fiscales locales y de jueces de menor jerarquía, y que precisamente por su nivel elemental dentro de las escalas judiciales del país, están a cargo de profesionales de mínima experiencia”.

Poca efectividad

De acuerdo con los ponentes, cerca del 97% de los alcaldes sometidos a procesos penales, terminan siendo absueltos “porque su conducta nunca fue antijurídica, pero en contraste el municipio termina afectado en su estabilidad política”.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se mostró a favor del proyecto, ya que según él, esto daría mayor objetividad en los juicios.

“Yo creo que lograr que haya una jurisdicción diferente permitiría mayor objetividad en los juicios. Esto ayudaría mucho a que en la evaluación de las conductas de los alcaldes pudieran hacerse con mayor objetividad y que se tomen decisiones objetivas”, precisó Toro.

Por su parte, el representante de la Comisión Primera, el conservador, Alfredo Bocanegra, consideró innecesario el proyecto al decir que lo que necesita la sociedad es gobernantes más transparentes.

“El proyecto no lo conozco pero considero que no es innecesario porque lo requiere la sociedad colombiana es mayor responsabilidad de los gobernantes, jueces e investigadores mucho más ágiles y eficientes. Hoy como está el sistema los alcaldes tienen todas las garantías, ya que hoy el principio que se aplica es la libertad del procesado”, aseguró Bocanegra.

La iniciativa indica que estos procesos judiciales, “terminan sometiendo a los funcionarios públicos al desgaste de procesos penales, y en no pocas ocasiones a medidas de aseguramiento temerarias que afectan la gobernabilidad local, sin desconocer el hecho evidente de que estos funcionarios son fácilmente influenciados por intereses políticos contrarios a los alcaldes”.

Adicionalmente el texto señala que, “se desconoce el principio universal de la presunción de inocencia, y la consecuencia fatal para los municipios de la interinidad, la ingobernabilidad, y desde luego las posibles acciones administrativas contra el Estado buscando la reparación por decisiones judiciales fruto del desconocimiento de las normas administrativas”.

Los más investigados

Según un informe de la Fiscalía General de la Nación los alcaldes ocupan el primer lugar de los funcionarios públicos más investigados, siendo el enriquecimiento ilícito el delito por el que son más acusados.

En la actualidad el organismo acusador lleva 36 procesos contra estos mandatarios locales, mientras que contra otros nueve que ya cumplieron su periodo siguen siendo investigados por la misma conducta.

El informe indica que de los 1.862 procesos activos contra servidores públicos, 85 afectan a funcionarios en ejercicio.

En los restantes casos los sindicados ya no ejercen funciones públicas, ya sea porque venció el período para el que fueron elegidos o porque fueron declarados insubsistentes o destituidos.

Después de los alcaldes, en el ranking de los más investigados le siguen los miembros de las Fuerzas Armadas, los gobernadores y gerentes de servicios seccionales de salud.

Para el organismo, las administraciones municipales son las amenazadas por maniobras de funcionarios que buscan engrosar sus patrimonios personales a expensas de los dineros del erario.