Será revisada por un juez en segunda instancia la solicitud de la Fiscalía que consiste en lo que se conoce como ‘país por cárcel’.

Hizo un duro llamado de atención la juez 26 de Garantías a la Fiscalía por considerar antijurídica la solicitud de acoger con medida de aseguramiento no preventiva de la libertad a siete beneficiarios del programa de Agro Ingreso Seguro.

Argumenta el juez que estas personas deben ser cobijadas con medida de aseguramiento privativa dada la gravedad de los delitos en los que incurrieron, los cuales superar los cuatro años de prisión.

Rechazó por esto el juez los argumentos que presentó la Fiscalía, los cuales apuntaban a solicitar que los tres miembros de la familia Dávila Abondano y cuatro empleados del grupo Daabon fueran dejados en libertad, toda vez que estos se comprometieran a presentarse a todas las diligencias judiciales y no abandonar el país.

Señaló la Fiscalía en la audiencia celebrada el pasado martes que los empresarios devolvieron los 2.400 millones de pesos que habían recibido en forma de subsidios de Agro Ingreso Seguro los Dávila Abondano.

Imputó en su momento el ente de control los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales a Juan Carlos, Alberto y Alfonso Dávila Abondado, igual que a Guillermo Barrios del Duvca, Jesús Carreño, Luis Miguel Vergara y Germán Zapata, todos empleados del Grupo Empresarial Daabon.

Será revisada dicha solicitud de la Fiscalía por un juez de garantías en los próximos días.