Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 18 de marzo, la cual fue plasmada en un informe de inminencia dirigido a las autoridades del Tolima, advirtió sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en esa región, a manos de una nueva “banda criminal” autodenominada “Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia” (FIAC), cuyos presuntos colaboradores en Ibagué fueron capturados por el Ejército y el CTI.

Se trata de una estructura encabezada por herederos y mandos medios del ex paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, más conocido como “Cuchillo”, quienes disputan el control de las rutas para el tráfico de estupefacientes, así como las ganancias derivadas de una economía delincuencial que pasa por la extorsión, las amenazas y los homicidios selectivos, entre otras actividades.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y la Regional Tolima realizaron una investigación que permitió focalizar el fenómeno del reclutamiento forzado en la comuna 3 de Ibagué, donde al menos 12 jóvenes, según los casos documentados por la Fiscalía General de la Nación, fueron llevados mediante engaños para engrosar las filas de esa organización armada ilegal entre octubre de 2014 y febrero del presente año.

La información conocida por la Defensoría del Pueblo indica que los jóvenes fueron incorporados a la “banda criminal” bajo el ofrecimiento de recibir salarios que rondan el millón y medio de pesos mensuales, a cambio de cuidar fincas en algunos municipios de Meta y Guaviare, y en otras ocasiones para realizar supuestas labores de erradicación de plantaciones de coca y amapola, lo cual no pasó no de ser una simple promesa sin compensación.

El trabajo interdisciplinario de la Defensoría permitió recopilar testimonios, de acuerdo con los cuales una vez las personas reclutadas llegan a la zona de influencia de la estructura delincuencial, son amenazadas y conducidas a lugares de instrucción, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas como fusiles AK-47 y M-16, granadas, explosivos y armas cortas tipo pistola 9mm.

Las declaraciones tomadas por la Defensoría indican que los jóvenes son obligados a desempeñar labores de extorsión a comerciantes de poblaciones cercanas, a la comisión de homicidios selectivos, y a la custodia, tanto de los comandantes de la “banda criminal”, como de los corredores para el transporte de alucinógenos, sumado ello a la función que cumplen como informantes sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Personas que lograron evadirse de la estructura criminal, advierten que mujeres igualmente jóvenes son vinculadas para ejercer las mismas tareas, incluyendo el manejo de armas, al tiempo que son sometidas a tratos crueles y degradantes que van desde la esclavitud hasta la violencia sexual. La Defensoría del Pueblo conoció la situación de una estudiante universitaria que logró escapar de sus victimarios y fue encontrada por las autoridades en zona rural de Puerto Concordia, Meta.

La Defensoría, que también verifica la posible vinculación de menores de edad, reconoció el trabajo de los organismos de investigación para lograr las primeras capturas, pero pidió el concurso del Ministerio de Defensa y las autoridades nacionales, pues los factores de riesgo persisten y el fenómeno podría trasladarse a otras zonas del país, dados los antecedentes de quienes están al frente del grupo posdesmovilizado de las “FIAC”.