Como resultado de un análisis detallado en los territorios y comunidades que podrían verse afectados por situaciones que restrinjan el libre desarrollo durante las elecciones que se avecinan, la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), elaboró el Informe Especial de Prevención para los Comicios de 2014, el cual advierte condiciones de vulnerabilidad en 221 municipios del país, equivalentes al 20 por ciento del total nacional. 

El documento, que tiene en cuenta las conductas, estrategias e influencia de los grupos armados ilegales, señala que 65 municipios se encuentran en riesgo extremo, 69 en alto riesgo y 87 más en nivel medio de riesgo, cifras que si bien prenden las alarmas de cara a la jornada democrática que se avecina, muestran también una disminución del 36 por ciento respecto a las proyecciones establecidas para las elecciones del año 2010. 

Cabe señalar que los 221 municipios considerados en riesgo, están distribuidos en 25 departamentos, de los cuales Antioquia con 25, Cauca con 24, Chocó con 18, Córdoba con 15, Norte de Santander con 15 también, Valle del Cauca con 14 y Nariño con 12, encabezan la lista de regiones con mayor probabilidad para la ocurrencia de hechos perturbadores en la justa electoral. 

El Informe expresa que si bien las acciones violentas de los grupos guerrilleros han disminuido, las FARC siguen constituyéndose en una fuente de riesgo, que para esta ocasión involucra a 181 municipios, es decir el 82 por ciento del total proyectado, 60 de ellos en riesgo extremo, 60 en alto y 61 en nivel medio. 

De hecho, las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que en departamentos como Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño, la interferencia de la guerrilla en el proceso electoral se manifiesta a través de amenazas a simpatizantes y candidatos de movimientos políticos, así como presiones e intimidaciones contra concejales y activistas de partidos que no consideran afines a sus intereses. Durante los últimos días, las FARC han incurrido en la difusión y aplicación de supuestos “manuales de conducta” con prohibiciones y advertencias a las comunidades, para que, por ejemplo, se abstengan de pertenecer o beneficiarse de programas sociales como Familias en Acción o Familias Guardabosques. Así mismo, y de acuerdo con información aportada por los mismos ciudadanos, las FARC habrían declarado objetivo de ataque a activistas políticos en municipios como Milán y Valparaíso en Caquetá, a la vez que han proferido amenazas contra servidores públicos y personas encargadas de recolectar firmas en localidades como Algeciras, La Argentina y Oporapa, en el departamento del Huila. 

Paralelamente, en regiones como Arauca, donde confluyen las FARC y el ELN, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado presión de los grupos guerrilleros, particularmente en Fortul, Saravena y Arauquita, contra las personas igualmente encargadas de recolectar firmas para la inscripción de candidatos, lo que ha llevado a algunos partidos a denunciar falta de garantías para su participación electoral en esos territorios. Es así como en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Informe de Riesgo 2014 identifica a esa organización como fuente de amenaza en 69 municipios del país, 18 de ellos en riesgo extremo, 25 en alto riesgo y 26 más considerados en un nivel de riesgo medio. 

No menos preocupante es el panorama que ofrece el accionar de los grupos armados post-desmovilización o “bandas criminales” como “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, la “Oficina de Envigado”, “Los Botalones”, “La Empresa” y “La Constru”, quienes ejercen presión e intimidación a través del narcotráfico, promoviendo situaciones como amenazas y promesas forzadas de financiación de campañas a cambio de no atentar contra la vida de los candidatos ni la de sus familias. Los departamentos que podrían verse más afectados por circunstancias de esta naturaleza y modalidades como el constreñimiento al elector por parte de las “Bacrim” son Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. 

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha advertido amenazas recurrentes de “Los Rastrojos” en esas regiones contra concejales, funcionarios públicos, dirigentes políticos y líderes sociales y comunitarios. De acuerdo con el Informe Especial de Riesgo 2014, los grupos armados post-desmovilización son fuente de amenaza en 108 municipios, que corresponden al 47 por ciento del total, 19 de ellos considerados en riesgo extremo, 40 en riesgo alto y 45 en nivel medio de riesgo. 

En cuanto a las conductas que podrían significar una mayor incidencia irregular para los comicios, la Defensoría del Pueblo identificó riesgo de constreñimiento al sufragante en 198 municipios, perturbación del certamen democrático en 166, restricciones a la movilidad en 166, amenazas en 124, hostigamientos y combates en 73, retenciones ilegales en 56, corrupción al sufragante en 53 localidades y posible ocurrencia de homicidios en 17 poblaciones del país. Por el momento, la Institución ha sido informada sobre el traslado de mesas de votación en tres macroregiones del país por falta de garantías hacia la vida e integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Por todo lo anterior, y no obstante el refuerzo en el despliegue y dispositivos por parte de la Fuerza Pública, la creación de un grupo especial de fiscales para investigar la compra de votos y otros delitos electorales, así como las manifestaciones de la UNP en el sentido de revisar y fortalecer los esquemas de protección a candidatos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, exigió a los grupos armados ilegales respetar la Democracia y el derecho a elegir y ser elegido, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades electorales a fin de orientar a la Policía y al Ejército para que adopten medidas de seguridad eficaces; de la misma manera, instó a los alcaldes, gobernadores y Fuerza Pública a fin de prevenir hechos de violencia, a la Registraduría para aplicar los protocolos de seguridad necesarios en el traslado de funcionarios y material electoral, y a la Unidad Nacional de Protección para que en todo caso evalúe cerca de 140 quejas consignadas en relación con amenazas, extorsiones, actos de constreñimiento y posibles ataques contra aspirantes y militantes de los movimientos políticos.