La Contraloría General advirtió sobre un presunto detrimento fiscal en cabeza del Gobernador del Casanare, el Alcalde de Yopal y el gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Ciudad, por la negligencia, ineficiencia e ineficacia con que se ha atendido la emergencia por la falta de suministro de agua potable a los habitantes de esta ciudad.

Según el ente de control, este riesgo se genera en la celebración del Convenio Interadministrativo número 1313 del 21 de junio de 2012, por valor de $22.752 millones, así como el lucro cesante proveniente del mantenimiento de tales recursos en una cuenta de ahorros sin ninguna utilización desde el 7 de septiembre de 2012.

El convenio interadministrativo citado fue suscrito entre el Departamento de Casanare y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY, con el fin de conjurar la crisis que se dio con el colapso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, a consecuencia de un deslizamiento.

El objeto principal de dicho convenio era la construcción de 4 pozos profundos para el abastecimiento con agua subterránea para el acueducto de Yopal.

Para la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, que suscribe esta Función de Advertencia, “…los habitantes del casco urbano de Yopal no cuentan hoy con servicio de agua potable, por la negligencia, ineficiencia e ineficacia de la administración departamental, municipal y de la empresa de servicios públicos en atender la emergencia decretada luego del colapso de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y el incumplimiento del Plan de Desarrollo “Pensando en Todos”.

Igualmente, la Contralora General advirtió al Superintendente de Servicios Públicos, César González Muñoz, por “la dilación en la función de seguimiento y control a la actuación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY, para la superación de la emergencia presentada el 28 de mayo de 2011".