El ministerio del Interior tendría un déficit presupuestal en el 2012 de 58.000 millones de pesos para atender los programas de protección que se unificarían mediante el Sistema Nacional Integral de Protección, informó el ministro del Interior encargado Aurelio Iragorri Valencia, ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República.
El funcionario explicó que en el anteproyecto de Presupuesto Nacional fue asignada una partida de 228 mil millones de pesos, sin embargo, advirtió que en el proyecto presentado solo fueron destinados 170 mil millones de pesos para el Programa de Protección, recursos que no alcanzarían para asumir los nueves programas que se unificarían.
“Aquí solo se estaría planteando el presupuesto de acuerdo con las más de 10.000 personas que se encuentran en el programa de protección del Ministerio del Interior. Es importante señalar que en Colombia existen actualmente nueve programas de protección distintos, unos a cargo de la Policía Nacional, y otros como los que tiene la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura para la protección de los jueces, entre otros”, explicó Iragorri.
El Ministro encargado informó, además, que el déficit total del Ministerio del Interior para el año 2012 asciende a 121.114.931.368 de pesos, entre gastos de personal, gastos generales, inversión y gastos de inversión.
Las personas que actualmente gozan de protección especial son dirigentes o activistas de grupos políticos, especialmente de grupos de oposición, organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas ó de grupos étnicos. Asimismo miembros de ONG, de DDHH y de misión médica, testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH-, periodistas o comunicadores sociales, alcaldes, concejales, personeros o diputados, desplazados en riesgo extraordinario o extremo, funcionarios y ex funcionarios responsables del diseño, coordinación y ejecución de la política de paz o DDHH del Gobierno nacional, que en cumplimiento del ejercicio de estas actividades se encuentren en situación de riesgo contra la vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado interno.