La Concejal del Partido Liberal María  Victoria Vargas sostiene que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al asumir el barrido, recolección y limpieza de las basuras en la ciudad, traerá consecuencias legales gravísimas  de orden disciplinario, fiscal,  penal y hasta una posible intervención a la misma Entidad por no solicitarle al Concejo de Bogotá  la ampliación del objeto social de la empresa para  asumir nuevas funciones.

 "La Empresa de Acueducto no tenía competencia para tomar decisiones sin pasar por la Corporación. No es posible jurídicamente efectuar cualquier tipo de modificación al objeto social de la Empresa por cuanto dicha facultad es del Concejo de la ciudad. El Acueducto asumió el manejo de los temas relacionados con el aseo sin tener competencias legales para hacerlo, actuaciones que  constituyen una ilegalidad a todas luces" Concejal Vargas

Ha solicitado la Concejal a la Procuraduría General que adelante investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto incluidos el señor Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro quien en su calidad de Presidente de la Junta Directiva aprobó y modificó los estatutos del Acuerdo Junta Directiva para dicho fin. 

En el mismo sentido solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar penalmente a los miembros de la Junta Directiva  por un posible prevaricato al evadir el cumplimiento de normas y por comprometer recursos públicos  por fuera del marco legal. Al Contralor de Bogotá también ofició para que determine  la causación de posibles daño patrimoniales  a las arcas del Distrito y a la  Superintendencia de Servicios Públicos para que intervenga a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado una vez que el Articulo 59 numeral 2 de la Ley 142 de 1994 dice que esta Entidad puede tomar posesión: “Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las normas que deben estar sujetos, o en inclumplir sus contratos”