La Sección Primera del Consejo de Estado admitió en las últimas horas una demanda de nulidad instaurada por el concejal Marco Fidel Ramírez contra el Decreto 828 de 2007, por considerar que en dicha norma se exige una carga adicional a los usuarios que quieren cancelar únicamente un servicio público domiciliario.

Para Ramírez, en el caso de declararse nula la norma demandada, cobros como el crédito fácil Codensa tendrían que facturarse separadamente del servicio público de energía.