La Fiscalía General de la Nación acusó al mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994 en el municipio de Yarumal (Antioquia). De acuerdo con la investigación, este crimen se presentó porque varios miembros de la Policía tendrían en la época del crimen una lista de personas susceptibles de ser asesinadas.

La  decisión del ente acusador se tomó porque el entonces comandante de la Policía en Yarumal habría participado en el homicido junto con otros miembros de la Policía y, de acuerdo con la misma declaración de Meneses, con la colaboración de Santiago Uribe, hermano del expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe.

En la decisión también se pidió que se adelanten los trámientes pertinentes para solicitar al gobierno de Venezuela la extradición de Meneses Quintero.

En el documento dice que Meneses y el agente Alexánder de Jesús Amaya Vargas recibieron a Barrientos y otros ciudadanos en el comanado de la Policía y les aseguraron que los protegerían, para “después ellos mismos proceder a eliminarlo y finalmente acudir a este para tomarle fotografías y después presumir de su perversa capacidad de asesinar.

“Se trata de un hecho que, no solo reprocha a sus autores sino que devela una actividad delictiva por parte de la Policía que para entonces se encargaba de proteger la vida, honra y bienes de los conciudadanos, concretamente aquellos de Yarumal (Antioquia) y municipios aledaños”.

Por estos hechos, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra del exsuboficial de la Policía Alexánder de Jesús Amaya Vargas.

El crimen se presentó el 25 de febrero de 1994, cuando Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, cubría la ruta Yarumal–Campamento y fue requerido por dos de sus pasajeros, que lo obligaron a detener el automotor y le dispararon varias veces.

Para la Fiscalía, el crimen de Barrientos hizo parte de la estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas posteriormente en el mundo del crimen como Los Doce Apóstoles, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla.

En la investigación se tuvieron en cuenta muchos testimonios y hechos específicos en los cuales los Policías en la época amenazaron a varios ciudadanos, como el ocurrido el 5 de diciembre de 1993 en el municipio de Campamento, cuando tres hombres, incluido el muerto, fueron objeto de agresiones por parte de varios miembros de la Fuerza Pública.

Con ocasión de la medida de aseguramiento emitida el pasado 3 de diciembre contra Amaya Vargas (ley 600), la Fiscalía manifestó que “está demostrado el estado de terror y zozobra que esta muerte infundió en la población, la cual desde luego se incrementaba con la participación de la Policía en el mismo, aunado a la existencia de una lista de personas a asesinar”.