La representante Tatiana Cabello ha negado las acusaciones y ha dicho que está dispuesta a responder ante las autoridades.

_______________
El uribismo suspendería a la representante por Bogotá, Tatiana Cabello, si se comprueban las denuncias de que tramitó una ley para favorecer a una empresa particular.

La legisladora ha negado las acusaciones y, tras anotar que “estoy presta a responder en el momento en que sea requerida”, declaró que “todas mis actuaciones como ciudadana, profesional y representante a la Cámara han sido transparentes”.

Cabello agregó que en este escándalo “mi honra ha sido alevosamente mancillada, afectando de manera gravísima mi dignidad y buen nombre”.

El Centro Democrático informó, a través de un comunicado, que remitió las denuncias recibidas a la Fiscalía, por ser el órgano competente para investigar posibles hechos de corrupción supuestamente cometidos por Cabello.

El partido explicó que el 22 de agosto la veeduría interna “recibió por parte de un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista, denuncias sobre supuestas irregularidades que habrían sido cometidas por funcionarios del equipo de trabajo”.

“La Veeduría también ha puesto estos supuestos hechos en conocimiento del Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia, el cual espera que se surtan rápidamente las investigaciones que están en Fiscalía, para proceder, si hay mérito, a suspenderla”, agrega el pronunciamiento público.

Los hechos en mención están relacionados con un proyecto de ley que obligaría a los vigilantes del país a pagar por un examen psicotécnico para el porte y la tenencia de armas como requisito para renovar sus contratos laborales.

De acuerdo con la acusación, solo tres empresas estaban habilitadas para practicar el examen, una de las cuales es Simetric, propiedad de Euclides Torres, padre del también representante por Bogotá, Efraín Torres, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Posteriormente, tras ser sancionada la ley, los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Mauricio Lizcano, copartidario de Torres, presentaron otra iniciativa para intentar ampliar el espectro de empresas que podrían realizar el mencionado examen a los trabajadores del sector seguridad.

Según la denuncia, esta modificación habría sido engavetada por Cabello, ponente de la iniciativa en la Cámara, para no dañar el negocio de Torres, quien para ello le habría dado dinero a la congresista uribista.

Al respecto, Cabello emitió este viernes un comunicado en el que precisa que el proyecto no ha estado engavetado, pues recibió la designación como ponente por parte de la presidencia de la Comisión Segunda de la Cámara el 14 de junio, seis días antes de concluir la anterior legislatura y el 26 de julio, una semana después de arrancar la última legislatura del cuatrienio, ya se estaban programando las respectivas audiencias, la primera de las cuales se hizo el 22 de agosto.

Luego, ante una incapacidad médica, renunció el 12 de septiembre a la ponencia de esa y otras tres iniciativas de la que era sustanciadora.

“Desde la asignación de la ponencia hasta mi renuncia a la misma, pasaron 90 días. De los cuales 34 fueron de receso legislativo. Lo que significa 54 días realmente”, explicó.

Síganos en nuestras redes sociales:

@Elnuevosiglo en Twitter

@diarionuevosiglo en Facebook

Periódico El Nuevo Siglo en Linkedin