Resolución de acusación en contra de ocho personas que habrían cometido irregularidades en los procesos de suministro de alimentos por parte de la firma Medicamentos de Occidente Ltda. a la empresa promotora de salud Coomeva E.P.S. dictó la Fiscalía General de la Nación por hechos cometidos con anterioridad al año 2005.
Los delitos por los cuales se acusa a cinco directivos de Coomeva E.P.S. de la época y tres de Medicamentos de Occidente Ltda. son peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Director de Protección de Asistencia, Carlos Rojos, anunció que en diligencia del 10 de noviembre se dictó la resolución de acusación. Este proceso se realiza en el marco de la ley 600, de procedimiento penal.
La investigación comenzó desde el 2005 gracias a una información recibida en la cual se informa de la posible realziación de unos delitos en la Cooperativa Coomeva. De estos hechos investigados, surgen las posibles irregularidades de la contratación de Coomeva EPS con la empresa Medicamentos de Occidente LTDA. Los contratos afectados alcanzan un monto de 40.000 millones de pesos y las utilidades que les habrían producido llegarían a los 3.500 millones de pesos.
Al parecer, estas personas se habrían puesto de acuerdo en lo relacionado con el suministro de medicinas para el manejo de los pacientes contagiados de VIH que han desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), así como lo relacionado con procedimientos para el reemplazo de articulaciones de cadera y rodilla. De la misma forma, se habrían presentado irregularidades irregularidades como doble facturación y facturación de atención de personas fallecidas, o afiliados atendidos por otra entidad.
La decisión judicial afecta a Jairo Alfonso Estarita Monroy, Marina Concepción Carbonell Jimeno, Edgar Antonio Ricardo García, Melba Lucía Flórez Toro, Laureano Novoa Guevara, Manuel Humberto León Avellaneda, Carlos Arturo Parra Orozco, y Jorge Humberto Céspedes Ibarra.
La Dirección Nacional de Protección de Asistencia enviará copias del proceso a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía para revisar cuentas y propiedades de las personas implicadas y así establecer los destinos de los dineros y las utilidades que hayan podido generar en ese lapso.