El fiscal del caso Noos, en el que están imputados la hermana del rey Felipe VI de España y su marido, pidió que se archiven los cargos contra la primera y se condene a 19,5 de cárcel a su esposo.

"No comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella", declaró a la prensa el fiscal Pedro Horrach de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, donde se instruye este caso por presunta corrupción que sacude a la monarquía española.

Horrach retuvo sin embargo contra la hermana del rey, implicada desde febrero de 2012, una responsabilidad civil por haberse beneficiado del dinero presuntamente malversado por su marido, por la cual deberá pagar 587.413 euros (727.500 dólares), según la fiscalía.

En la acusación popular la asociación ultraderechista Manos Limpas considera que la infanta Cristina de Borbón, de 49 años, es culpable por su "cooperación" en delitos fiscales en 2007 y 2008 con su marido, el exmedallista olímpico de balonmano Iñaki Urdangarin, y pide contra ella ocho años de prisión y 2,02 millones de euros de multa.

El fiscal ya había pedido en junio un sobreseimiento para la infanta en este caso en que están imputadas 16 personas.

Desde entonces, varias apelaciones retrasaron el cierre definitivo de una investigación que contribuyó a degradar la imagen del anterior rey, Juan Carlos I, de 76 años, quien abdicó en junio en su peor momento de popularidad tras haber sido considerado durante décadas como artífice de la democracia tras la dictadura franquista (1939-1975).

El juez instructor, José Castro, debe decidir en las próximas semanas a quién sienta en el banquillo de los acusados, y si entre ellos estuviese lainfanta sería un hecho sin precedentes en la historia de la monarquía española.

En un intento de limitar el impacto sobre la Casa Real, la infanta Cristina y Urdangarin están excluidos desde finales de 2011 de todo acto oficial y no asistieron siquiera a la proclamación de Felipe VI.

- Juez y fiscal enfrentados -

Conocido por su pugnacidad, Castro ya se opuso a la opinión de Horrach al imputar a Cristina por delito fiscal y blanqueo. Este último cargo fue sin embargo retirado el 7 de noviembre. 

Urdangarin, de 46 años, convertido en hombre de negocios, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener, junto a su exsocio Diego Torres, contratos públicos con dos gobiernos regionales a los que habría sobrefacturado más de 6 millones de euros.

Imputado desde diciembre de 2011, se le acusa de malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. Para él, el fiscal pide 19 años y seis meses de prisión, según una fuente cercana al caso. También una multa de 3,5 millones de euros.

Según el juez de instrucción, la pareja utilizó los fondos malversados en obras de mejora en su residencia de Barcelona, espectáculos de mimo, o cursos de salsa o meregue pagados por Aizoon, su empresa de servicios de asesoría en gestión empresarial, utilizada presuntamente como pantalla. 

En opinión del magistrado, Urdangarin no pudo actuar sin el conocimiento y el consentimiento de su esposa, algo que ésta niega.

"Por lo que hace referencia a la responsabilidad civil que se reclama de la infanta por los hechos que se han atribuido a su marido, es intención de lainfanta consignar de manera inmediata la cantidad", afirmó a los periodistas su abogado, Miquel Roca, considerando que "la petición de sobreseimiento del fiscal" extingue por su parte una eventual responsabilidad penal.

En cuanto a la petición de pena para Urdangarin, "representa para la pareja un golpe importante", estimó.

Mario Pascual Vives, defensor del cuñado del rey, consideró exagerada la petición del fiscal. "Parece que fuera delito de sangre ¿No? Como si fuera un asesinato", lanzó/AFP.