Tribunales, juzgados, comisarías y notarías ya no tendrán excusas para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad, pues el Ministerio de Justicia ha trazado la ruta que deben seguir para asegurar un trato digno, no discriminatorio y que garantice los derechos de estos colombianos.
“Históricamente se ha asumido que las personas con discapacidad, principalmente cognitiva o psicosocial, no pueden tomar decisiones relevantes. Pero estas personas deben ser tenidas en cuenta en calidad de sujetos procesales, testigos e intervinientes del proceso judicial. Además deben ser reconocidas como ciudadanos en ejercicio pleno de todos sus derechos”, afirmó la viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos Serrano.
Tal compromiso fue ratificado con la presentación de la nueva Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y la firma de dos acuerdos de voluntades entre el Ministerio de Justicia, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La alta funcionaria señaló que estos instrumentos, puestos hoy a disposición de la administración de justicia, permitirán una mejor atención y participación de las personas con discapacidad y un reconocimiento más efectivo de sus derechos.
La Guía, presentada esta mañana, contiene entre otros aspectos: Orientaciones precisas para la aceptación de la diversidad funcional, el respeto por la diferencia, el estímulo a la participación de las personas con discapacidad en las actuaciones de justicia y la eliminación de barreras. Incluye, además, la terminología apropiada para referirse a esta población, con lo que se elimina el lenguaje discriminatorio, estereotipado y victimizante.
Compromisos
En los acuerdos suscritos este miércoles, el Ministerio de Justicia se comprometió, entre otros puntos, a capacitar a jueces y magistrados del país para que conozcan más el trato que deben tener frente a esta población.
Por su parte, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano trazó como su objetivo sensibilizar y capacitar a quienes prestan sus servicios en las notarías y acondicionar los centros notariales para que sean incluyentes y accesibles a personas con discapacidad.
Así mismo, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se comprometió a incluir en sus programas de formación un componente transversal de discapacidad.