Un escándalo de fraude en el sistema de acreditación de calidad de las universidades desató una crisis en el oficialismo chileno tras la renuncia del ministro de Justicia, mientras miles de estudiantes del sector quedaron a la deriva con un futuro incierto.
El caso, que puso en cuestión la calidad de las universidades chilenas, mantiene en prisión por cargos de corrupción y cohecho al expresidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA) Eugenio Díaz, y a los exrectores de las privadas Universidad del Mar y Pedro de Valdivia.
Pese a que la CNA es autónoma, las investigaciones de irregularidades detonaron la renuncia el lunes del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y abrieron una crisis en el oficialismo con la renuncia del presidente del Partido Renovación Nacional, Carlos Larraín, que consideró "deplorable" la dimisión de Ribera.
Larraín, al frente de uno de los dos partidos de la alianza oficialista, del que procede el presidente Sebastián Piñera, se retractó no obstante la tarde de este martes y anunció que continuaría en la presidencia de RN.
"Esto no es un 'bluff', hay un deseo del gobierno de tener un nuevo trato con RN", dijo Larraín, quien había dimitido a su cargo 24 horas antes por defender al exministro Ribera, quien renunció tras aparecer vinculado en correos electrónicos con el encarcelado expresidente de la CNA.
En los correos, Díaz intenta sobornar a Ribera cuando éste era rector de otra universidad privada, la Autónoma, en momentos que gestionaba su acreditación, un trámite necesario para acceder a los recursos que entrega el Estado a las casas de estudio.
Si bien Ribera no accedió a las peticiones de Díaz, luego, cuando ya se desempeñaba como ministro, lo nombró asesor de la escuela de formación de la policía de prisiones, lo que abrigó las sospechas.
Al presentar su renuncia, Ribera dijo que se trataba de acusaciones "tendenciosas", mientras que el gobierno señaló que no desconfiaba de él, pero debía renunciar para no enlodar la gestión presidencial.
Larraín, en tanto, criticó la forma en que fue tramitada la dimisión de Ribera y acusó al gobierno de tener poca consideración con RN, en contraste con el trato que se le da a sus socios de la conservadora Unión Demócrata Independiente.
En estos momentos, candidatos de ambas bancadas compiten por las primarias que definirán al único aspirante del oficialismo en las elecciones de 2013.
El escándalo parece ratificar además el afán de lucro desmedido del sistema educativo chileno, denunciado el año pasado con ahínco en las calles por manifestaciones multitudinarias de los estudiantes.
"Cuando un sistema ha sido sometido al libertinaje económico absoluto y se generan incentivos perversos tolerados por el Estado, no sorprende que se termine en estas conductas", aseguró a la AFP el experto en educación Mario Waissbluth, director de la organización Educación 2020.
La cara más trágica
El caso tiene su cara más trágica en los miles de estudiantes que hoy están a la deriva.
Los más afectados son los casi 17.000 estudiantes de la Universidad del Mar, una institución privada que en 2010 logró ser acreditada por la CNA y que en pocos años se convirtió en una de las tres más grandes del país.
Pero ahora se comprobó que la acreditación fue entregada de manera fraudulenta.
La denuncia se suma a la quiebra de esta institución, anunciada hace meses al no poder sostener su exponencial crecimiento, mientras que el Ministerio de Educación pidió ya su cierre, que de concretarse le impediría a sus estudiantes concluir sus estudios.
En la mayoría de los casos, se trata de estudiantes de estratos bajos.
"Nos sentimos mal, utilizados como monigotes", se quejó a la AFP Jocelyn Aranda, estudiante de Nutrición.
Como la mayoría del casi millón de universitarios que hay en Chile, Jocelyn representa la primera generación de su familia que accedía a la universidad y escogió la Universidad del Mar, porque ésta -a diferencia de la mayoría de las otras privadas- le ofrecía un crédito interno.
"Los dueños lo tenían claro: ¿quieren estudiar? Pues abramos un sistema de créditos y saquémosles la plata! Y ahora que ya nos sacaron la plata, ¿qué hacemos?", se preguntó.
A Paula, de 24 años, le quedan dos años para terminar la carrera de Medicina. Ha pagado ya unos 60.000 dólares y asegura que su situación es "crítica, por no decir catastrófica".
"Nos dijeron que harían un cierre programado de la carrera, pero los directores aún no se pronuncian. Estoy gestionando un traslado a otra universidad, pero nos ponen muchos obstáculos, nadie nos ayuda", contó a la AFP.
Para Guillermo Arias, de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, la mejor opción sería la estatización. "La mayoría de estudiante entraron acá porque les dieron facilidades, podían trabajar y estudiar. Ahora no pueden asumir un segundo crédito en otra universidad", aseguró a la AFP.
Según afirmó a la AFP Juan José Ugarte, jefe de la división de Educación Superior del Ministerio de Educación, el caso desnuda la "falta de un marco regulatorio que permita asegurar a los estudiantes el cumplimiento de estándares mínimos de calidad, resguardando al mismo tiempo la diversidad de los proyectos universitarios".
La tarde de este martes, se anunció en tanto un acuerdo para vender el 66% de la propiedad de la Universidad de Mar a una iglesia evangélica, lo que les permitiría hacer frente a la asfixia financiera en la que se encuentra.