En el tercer acuerdo alcanzado en La Habana, además de fijar las nuevas políticas de lucha contra las drogas, las delegaciones también incluyen compromisos con el desminado en los campos del país.

Según el comunicado oficial, "el Gobierno Nacional tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar".

Para hacer esto se elaborará un trabajo "mancomunado" entre el Gobierno y las Farc, "incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".

Para Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM), el solo hecho de que este tema hubiera sido discutido, es una señal positiva: “Es afortunado que el tema se mencione de manera explícita como nunca se había hecho en el marco de estos procesos de negociación”.

Sin embargo, en ese par de párrafos que le dedican al tema del desminado, las palabras “acuerdo final” y “fin del conflicto” implican que estas acciones solo se darán cuando todo esté acordado y no antes. Mientras tanto, las poblaciones rurales que viven rodeadas por estos artefactos explosivos tendrán que esperar una resolución final en La Habana para empezar a ver los esfuerzos de ambas partes por limpiar sus territorios.

Si bien en Colombia hay un Batallón del Ejército y varias organizaciones civiles dedicadas a hacer desminado humanitario en todo el país, esta labor se hace muy difícil en zonas donde el conflicto aún está vivo. Jiménez explica que esta tarea ha tenido avances en algunos municipios donde ya no hay presencia de grupos ilegales, como el oriente antioqueño; sin embargo, “no se puede acceder a las zonas donde el riesgo es permanente para las comunidades”.

Por esto, organizaciones como la CCCM y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) le habían pedido a las partes negociadoras en La Habana que llegaran a acuerdos, previos a la firma definitiva de la paz, que permitieran la limpieza de zonas críticas por la amenaza de artefactos explosivos.

Aunque para Jiménez lo ideal es que se ponga fin al conflicto para poder avanzar de manera rápida sobre la generalidad del territorio colombiano, plantea acciones alternativas y urgentes ciertas áreas: “para el caso de zonas específicas, que podemos indicarlas en este momento, pedimos un acuerdo especial y creemos que es completamente viable. Esa es la propuesta que le hacemos al Gobierno y a las Farc, son ellos quienes deciden”. Propone que esto se dé en zonas de interés comunitario, como las escuelas o las áreas de recreación en el campo.

En este mismo sentido se manifestó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Jordi Raich al solicitarle a las partes “acuerdos humanitarios que puedan tener un impacto sobre la vida y el día a día de las personas, sin esperar a ese acuerdo final”. Incluso ofrecieron colaborar no solo en la limpieza de áreas contaminadas por explosivos, sino también en la búsqueda de desaparecidos y el retorno de desplazados.

Al conocer este acuerdo, Jiménez le manifestó a El Nuevo Siglo que seguirán insistiendo en que esa voluntad de avanzar en el desminado con acciones conjuntas se dé antes del acuerdo final: “creo que si presionamos y movilizamos a la ciudadanía podría ser factible lograrlo”.

Por su parte, el director del Programa Presidencial para la Acción contra Minas Antipersonal (Paicma), Daniel Ávila, expresó que el Gobierno seguirá comprometido con el desminado humanitario como se ha adelantado desde 2005. Pero también reconoce que la labor puede ser más efectiva con la información que pueda suministrar la guerrilla: “el llamado que les hemos hecho por mucho tiempo es que cesen de inmediato el uso de minas antipersonal y que nos digan dónde están los campos minados”.

Según Ávila, el desminado en Colombia es clave no solo para proteger la vida humana, sino también para poder avanzar con la consolidación de las zonas, entregar tierras a los campesinos y “avanzar en la construcción de país”.

Las cifras disminuyen

“Cuando pisé el artefacto explosivo, me levanté y traté de caminar, porque no sentía dolor alguno. Dije: gracias a Dios no me ocurrió nada, pero intenté dar un paso y fue cuando sentí que tenía el pie prácticamente destruido. Fue algo realmente traumático”.

Ese es uno de los testimonios que recogió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en San Vicente del Caguán, y revela la historia de una de las 10.721 víctimas de minas antipersonal que ha dejado el conflicto colombiano desde 1990. El 71% de esos afectados son miembros de la fuerza pública, lo que deja el otro 39% a la población civil, entre ellos 1.072 niños.

El director del Programa Presidencial sobre este tema, Daniel Ávila, explica que esta cifra ha disminuido año tras año, pero no precisamente porque los grupos ilegales estén dejando de sembrarlos, “sino porque el Gobierno y los actores que trabajamos en el tema estamos fomentando la prevención”.

De acuerdo con la fundación británica Action on Armed Violence (AOAV), en 2013 en Colombia se presentaron 5 incidentes con minas antipersonal. Sin embargo, de acuerdo con el Monitor de Minas Terrestres 2013 “a pesar de haber disminuido el número total de víctimas totales, Afganistán, Colombia y Camboya registran el mayor número de víctimas por año en los pasados 14 años. Juntos representan el 38% de las víctimas desde 1999”.