Ayer se abrió la posibilidad para que organizaciones y víctimas hagan su aporte y ejerzan control sobre la Ley de Víctimas, es un espacio de interlocución nacional transitorio de participación en las decisiones públicas en torno a la atención y reparación integral contemplada en la Ley 1448.

“Para alcanzar efectivamente la prosperidad social, bandera del gobierno nacional, debemos tener en cuenta la voz y las necesidades de las víctimas. Su participación en la toma de decisiones sobre su propia reparación, así como la de toda la ciudadanía, es vital para lograr la sostenibilidad del proceso a largo plazo, con miras a la reconciliación y a la paz duradera”, aseguró Paula Gaviria, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.  

En total, 101 organizaciones hacen parte de este espacio de interlocución: 77 de ellas representan a organizaciones de víctimas de los 32 departamentos del país; y las restantes 24 organizaciones son defensoras de los derechos de las víctimas, provenientes de 19 departamentos y el Distrito Capital.  

La elección de las organizaciones que tienen asiento en la mesa ha sido realizada previamente en los espacios de interlocución municipal y departamental de las organizaciones de víctimas; y en los espacios propios de las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, respectivamente.   

Por parte del Estado, se sentarán a la mesa la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Con un mecanismo de participación ya creado y en marcha en los ámbitos municipal y departamental, el gran reto se centra ahora en fortalecer los procesos nacionales de control social de las víctimas hacia la gestión pública y hacia los espacios de participación promovidos en el marco de la Ley de Víctimas, considerando la importancia de incluir al 12 por ciento de la población del país que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado.