En documentos que tiene la entidad se evidencian los pagos avalados de pensiones inexistentes a trabajadores de entidades estatales por la vía judicial, con esta evidencia se procederá a imputar cargos.

En la investigación adelantada por la Fiscalía se identifica una red en la que estarían implicadas alrededor de 120 personas que venían desasollando de manera organizada el fraude.

Según la investigación, varios ex trabajadores del SENA, jueces y funcionarios del Seguro Socialrepresentados por  un grupo de abogados, presentaron a finales de 2010 una serie de demandas laborales contra el ISS para cobrar pensiones a las que supuestamente tenían derecho.