De las30.000 empresas que prestan el servicio de carga por carretera y que tienen registro en las cámaras de comercio, solo unas 2.600 están habilitadas para ejercer esa función. Las otras 27.000 compañías están dentro del rango de la piratería en Colombia.

Así lo señaló el Superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, en el XXXVIII Congreso Nacional de Transporte que se realiza en Cartagena. El funcionario sostuvo que al hacer el cruce de información con el Ministerio del ramo, el resultado es bastante preocupante por lo que fue necesario emitir unas circulares a los generadores de carga para que sepan cuáles son las firmas habilitadas y autorizadas para prestar el servicio.

“Yendo más allá, hablé con el Superintendente de Industria y Comercio para que efectivamente se pueda llevar esto hacia las cámaras de comercio. Prontamente habrá una resolución de ese despacho en la que hemos venido trabajando para que el sistema cameral expida de manera obligada los certificados de existencia y representación. Con ello se dirá abiertamente si están habilitadas por el Ministerio y hacer público quienes están aptas para prestar el servicio y con quien pueden contratar”, sostuvo el funcionario.

Expresó su preocupación a tiempo que se indagó sobre qué pueden estar haciendo 27.000 empresas que tienen  como objeto el transporte de carga, pero que no tienen habilitación por parte del Ministerio de Transporte.

Según Durán, el riesgo de contratar con empresas piratas o informales es grande toda vez que si algo le pasa a la carga, no habrá respuesta de ningún tipo por parte de las aseguradoras porque no hay normas de amparo al propietario de los bienes transportados.

Actualmente, la Superintendencia de Puertos y Transporte adelanta operativos con la Policía Nacional para identificar empresas irregulares y poder así coadyuvar con un sector transportador formalizado, serio, transparente y fortalecido.

Para el Superintendente, las labores encaminadas a combatir la ilegalidad se han acompañado de medidas en contra del lavado de activos pues las empresas generadoras de carga deben denunciar las actividades sospechosas, pues al no hacerlo se pueden ver involucradas en acciones penales.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano dijo que el sector formal ha hecho la petición ante el ministerio de Transporte, ante la misma Superintendencia de Puertos, ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en busca de esa respuesta y ninguna contestación específica han recibido al respecto.

Comentó que si hay casos irregulares como muchas veces se viene afirmando, lo más consecuente es que se diga no solo el milagro sino también el santo, es decir, precisar quiénes tienen esos vehículos, como fueron matriculados irregularmente y si fue contra la buena fe de las personas, o si en verdad hay delitos y quienes los cometieron.

“Con el alto número de camiones que acusan semejante situación, ya debería haber gente judicializada y a decir verdad tampoco conocemos los nombres de tal manera que falta claridad al respecto”, aseveró el dirigente gremial.

En su opinión el Ministerio ha tenido diferentes estadísticas sobre la informalidad en el transporte de carga porque en la administración Cardona se habló de 10.000 vehículos, luego el Ministro Peñaloza anotó que eran 1.500 y del ministerio actual no se ha escuchado cifra alguna, tan solo lo dicho por el Superintendente y por ello el gremio reclamó del ejecutivo claridad y contundencia, no solo en las cifras, sino en la identificación de las personas afectadas por engaño o vinculadas a procesos judiciales.