Un gran esfuerzo viene adelantando el Gobierno nacional, a través de sus despachos, para recuperar la propiedad sobre el Parque Tayrona. El eterno debate llevó al Ejecutivo a tomar cartas sobre el asunto, debido a que los resultados de los estudios no son alentadores: de 83 predios solo el 3 % es de la Nación, 81 % de privados en discusión.
¿De quién es el Parque Tayrona? se titula el libro del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro que le busca una respuesta a ese interrogante, luego del análisis sobre 293 folios de matrícula inmobiliaria junto con sus soportes documentales, que equivalen a un área total de 15.117 hectáreas con 9.470 metros cuadrados.
Esta recopilación de datos permitió además a los despachos establecer que en algunos casos se presentaron irregularidades en la obtención de los títulos, donde se evidenció despojo material o jurídico de tierras, lo que abre el panorama real de estas tierras protegidas.
Hallazgos
La complejidad de las “artimañas” utilizadas por personas naturales y jurídicas, describe el informe, para albergar posibles derechos que muestran una clara complicidad entre funcionarios públicos y particulares para apropiarse del Parque Tayrona.
Así las cosas, los principales hechos destacables del informe son que: en el 36,53 % de los folios analizados figura el de Estados como propietario actual, ya sea a nombre del Ministerio de Ambiente, Incora o Inderena. Asimismo, que el 26,64 % de los folios de matrícula inmobiliaria estudiados reflejan actualmente titularidad con plenos derechos de dominio sobre los predios.
Sin embargo, advierte el documento, “al realizar un estudio en el antiguo sistema registral se verificó que las tradiciones en sus orígenes corresponden a Falsa Tradición (compraventa de mejoras en suelo ajeno o en terrenos de la nación), o que no acreditaron los 20 años atrás de cadena traditicia ininterrumpida de títulos otorgados entre particulares. Por esto se hace necesario iniciar las actuaciones administrativas a que haya lugar, con el fin de que el folio refleje su situación jurídica real y retornen al dominio de la nación”.
Adicionalmente, en el estudio se verificó que el 7,05 % del total del área estudiada corresponde a mejoras constituidas dentro del área delimitada como Parque Natural, y que poseen folio de matrícula inmobiliaria abierto con falsa tradición. “Así entonces se sugiere realizarles la anotación de área protegida, previa certificación del IGAC de que tales inmuebles se encuentran dentro del Parque con ocupación de particulares”.
Privados
De otro lado, el informe encontró que el “42,83 % de los folios analizados son propiedad privada” y que de estos “el 26,85 % acreditado con título otorgado por el Estado antes de la declaratoria del Parque, a través de resoluciones de adjudicación de baldíos o declaratorias de pertenencia que a la fecha no han perdido su eficacia, y el 15,98 % acreditó propiedad privada con títulos otorgados entre particulares con una cadena traditicia de 20 años atrás de la entrada en vigencia de la Ley 200 de 1936”.
Claro está, que de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución y el artículo 63 del Decreto 622 de 1967, en los cuales dice que los “Parques Naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, sin embargo, el documento encontró que posterior a la declaratoria del Parque se presentan: 3 sentencias de declaración de pertenencia en 38 hectáreas con 6.000 metros cuadrados; 30 embargos vigentes que corresponden a 6.250 hectáreas (ha.) con 955 metros cuadrados (m2); 28 hipotecas vigentes equivalentes a 919 hectáreas con 179 metros cuadrados y 6 embargos de la Fiscalía correspondientes a 1.454 hectáreas con 8.000 metros cuadrados.
De igual forma, los despachos encontraron que posterior a la declaratoria del Parque se hicieron: 11 adjudicaciones de baldíos equivalentes a 329 ha. con 3.670 m2; 172 compraventas de tierras correspondientes a 9.636 hectáreas con 4.969 m2; 6 aportes sociales que equivalen a 1.985 ha con 5.076 m2; 5 constituciones de sociedades dedicadas a actividades agropecuarias y ganaderas, que equivalen a 1.112 ha con 9.666 m2; 12 licencias de construcción en 11 ha con 65 m2.
Acciones
Como el mismo Gobierno lo ha manifestado: la situación es complicada, por consiguiente, ya se emprendieron una serie de acciones articuladas con los diferentes despachos para “devolverle a Colombia el Parque Tayrona”.
La primera de ellas fue la conformación de una mesa interinstitucional de trabajo armónico y coordinado, en la que participan la Dirección Nacional de Parques Naturales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Incoder y el Supernotariado, el cual cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría Ambiente y Agraria, para que dentro de la esfera preventiva verifique las actuaciones y el cumplimiento de los planes de acción trazados para recuperar el Parque.
Seguido a ello, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta inició actuación administrativa con el fin de cerrar el folio de matrícula inmobiliaria al Parque Tayrona y proceder a hacer las inscripciones en los folios de los predios que se encuentran dentro de la zona delimitada como Parque, con el código de categoría ambiental y previa certificación del IGAC de que estos se encuentran en el área.
Además, se emprendieron acciones respectivas para determinar la verdadera situación jurídica de aquellos folios de matrícula que reflejan pleno dominio, pero que su cadena traditicia corresponde a falsa tradición.