La vulneración al derecho fundamental a la salud ocupa el 50% de las quejas que reciben cada día las personerías de todo el país. Ante esta situación y buscando la protección y defensa de este derecho, esta representación del Ministerio Público en las regiones interpuso el año pasado 10.318 acciones de tutela y recibió 5.000 quejas.

Así lo señaló la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), añadiendo que este panorama revela la dramática situación que se vive en todo el país frente al tema de salud, por lo que pidió al Gobierno Nacional que considere declarar la emergencia en salud, con el fin de decretar medidas que ayuden a mitigar esta crisis de derechos humanos.

Precisamente por estos días el Congreso se apresta a debatir dos proyectos de ley, uno estatutario y el otro ordinario, que presentó el Gobierno para reformar el sistema de salud.

El organismo gremial estableció que en el 30% de las personerías municipales, la problemática de la salud abarca entre el 70% y 90% de las quejas que presentan los ciudadanos ante estos organismos de control, hallando que en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría la queja más reiterada es la demora en las autorizaciones para remisiones de pacientes a otras ciudades que cuentan con hospitales de un mayor nivel, debido a que no cuentan con hospitales de primer nivel y no tienen atención especializada ni equipos médicos adecuados para atender casos de alta complejidad.

Así mismo, para el año 2012, la Personería Municipal de Manizales fue la entidad que más quejas tramitó en prestación de servicios de salud, con un total de 3.656, seguida de la Personería de Cali con 462, la Personería de Pasto con 335, la Personería de Bucaramanga con 201 y la Distrital de Santa Marta con 197.

La Personería Municipal de Medellín fue la entidad que tramitó el 71,62% (7.390) del total de acciones de tutelas interpuestas por las personerías, a la vez que tramitó el 55,08% del total de incidentes de desacatos efectuados por las personerías que hacen parte de Fenalper.

Frente a los incidentes de desacatos por acciones de tutela, la Personería de Medellín tramitó 1.235, seguida de la Personería de Manizales con 924, la Personería de Cali con 30, la Personería de Bucaramanga con 20 y la Personería de Pasto con 14.

De acuerdo a la información brindada por los personeros municipales, la mayor queja presentada por la comunidad corresponde a la negación de la prestación de los servicios de salud, como autorización de medicamentos, exámenes, cirugías, citas generales y con especialistas, debido a la falta de contratación con las instituciones prestadoras de salud IPS  y la carencia de infraestructura médica que permita una adecuada atención a los usuarios.

Denuncias

Fenalper explicó que en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, según lo informó la Personería de esta ciudad, los servicios médicos se prestan a los usuarios ante la instauración de acciones de tutela, ya que las EPS niegan los servicios hasta tanto haya un fallo judicial que ordene el recobro al Fosyga.

Asimismo se evidenciaron otros casos graves, como el del municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá, en donde según la Personería de esta ciudad la falta de presupuesto en Caprecom ha llevado a la cancelación de todos los contratos con los médicos que atienden a la población carcelaria, generando graves consecuencias al interior del centro penitenciario, donde los internos no han podido ser atendidos por profesionales de la salud, poniendo en riesgo la vida de muchos que se encuentran enfermos.

Esta falta de contratación con las IPS se ha reflejado de igual forma en otros municipios como Arauca, Tunja, Valledupar y Guainía, lo que ha ocasionado que los usuarios no sean atendidos de acuerdo a sus necesidades, generando mayores complicaciones en su estado de salud.

En otros municipios del país, como por ejemplo en Córdoba, en el departamento de Bolívar, el Personero Municipal pudo constatar que se niega la prestación del servicio por parte de las EPS a pacientes con diagnóstico de enfermedades de alto riesgo o terminales, por generar altos costos en las contrataciones con las Instituciones Prestadoras de Salud, obligando a los pacientes a autofinanciar su tratamiento o a suspenderlo, lo que ha causado en muchos casos la muerte, aseguró Fenalper.

"Al momento de acudir a la vía judicial para reclamar el derecho a la salud, el Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba impide el acceso a la justicia obligando a los usuarios a presentar la acción de tutela con 7 paquetes de copias para los traslados, incrementando los costos e impidiendo que utilicen este mecanismo para reclamar sus derechos, y en muchos casos la Personería Municipal ha asumido tales costos para evitar una mayor vulneración, toda vez que la mayoría de los usuarios son víctimas del desplazamiento forzado que no tienen los recursos para ello”, indicó el personero de Córdoba, Ómar Elías Vitar.

En ciudades capitales principales se halla otra gran problemática respecto al tema de la salud y es la demora en la autorización para procedimientos especializados o quirúrgicos. Tal es el caso evidenciado por la Personería Municipal de Ibagué, en el departamento del Tolima, donde se tramitó una acción de tutela contra la EPS Saludcoop, ante la demora en los trámites para la autorización de un procedimiento quirúrgico a un menor de edad del régimen contributivo, quien murió esperando la tutela, según Fenalper.

"Este panorama, permite concluir que el sistema de seguridad social en salud opera de manera retardada, ineficiente e inoportuna, lo que demuestra negligencia en la prestación del servicio para los diferentes usuarios, que se ven abocados a reclamar su derecho fundamental a través de acciones constitucionales, que continúan con el incidente de desacato por acción de tutela", indicó el presidente de Fenalper, Andrés Santamaría.

Movilización de pacientes

Por su ubicación geográfica muchos municipios del país no poseen una adecuada infraestructura vial que permita un fácil desplazamiento de los pacientes a otras ciudades, lo que genera costos adicionales tanto para los usuarios como para las EPS en el tema de transporte, ya sea en ambulancias (lanchas, helicópteros, aviones) o en transporte público.

En Mocoa, departamento de Putumayo, la situación es más complicada, ya que las empresas de transporte del municipio no brindan el servicio de traslado de pacientes, debido a que las EPS adeudan grandes sumas de dinero desde hace varios años, situación que ha llevado a los pacientes y familiares a tener que asumir sus propios gastos de traslado, según lo denunció el personero de este Municipio, Honer Fidencio Fajardo.

El Personero de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, afirmó que se presenta una situación bastante compleja con las remisiones de los pacientes, pues sólo se tienen convenios con los hospitales de Villavicencio, lo que genera demoras en las autorizaciones o en muchos casos la negación de la prestación del servicio a quienes requieren atención especializada.

En el municipio de Leticia, departamento de Amazonas, el traslado de pacientes para atención del tercer nivel sólo es posible por vía aérea, así lo afirmó la personera de esta capital, Amparo del Socorro Lozada. Esta situación implica altos costos para los usuarios, que en muchas ocasiones no alcanzan a recibir la autorización del traslado.