Los uniformados deberán purgar entre 15 y 20 años de prisión por el homicidio de campesinos, que hicieron pasar como subversivos muertos en combate en Antioquia.

Los soldados profesionales cobijados con la decisión son Carlos Mario Callejas Monsalve, Darío Alfonso Calderon Cataño, Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, Manuel Fernando Romero Amaya y Mauricio de Jesús Rojas Ortega, quienes fueron hallados responsables como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple agravado y tráfico, fabricación o porte de arma o munición de uso privativo de las fuerzas armadas.

Uno de los hechos analizados por el juzgado, con base en las investigaciones de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tiene que ver con el informe de patrullaje suscrito el 9 de mayo de 2004 que dio cuenta de un hostigamiento a la tropa por presuntos subversivos pertenecientes al IX frente de las FARC.

De acuerdo con el escrito, la escuadra militar repelió el ataque y como resultado del enfrentamiento fueron dados de baja dos supuestos subversivos, quienes posteriormente fueron identificados como Ramiro de Jesús y Francisco Emilio Idárraga Marín.

Iniciadas las primeras pesquisas por la justicia ordinaria y la penal militar, se determinó “que no se trató de un combate sino de una camuflada toma armada al corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada, el grupo que perpetró el ataque utilizó armas largas, ingresó a la población retuvo a varios de sus pobladores, entre ellos a los hermanos Idárraga Marín a quienes sacaron en el mismo vehículo en que ingresó el grupo armado. Ese mismo día en horas de la noche, las víctimas fueron llevadas a la morgue del municipio de Granada, siendo presentados como dados de baja en combate por el Ejército Nacional”

Otro de los casos tiene que ver con el ingreso el 14 de junio de 2004 de un grupo de hombres armados que se identificó como del Ejército Nacional y que irrumpió violentamente en la vivienda del señor Nicolás Emilio García Parra, quien se hallaba en compañía de su señora esposa y un hijo menor de edad, y luego de ser atado de manos fue obligado a abandonar el sitio en compañía de esas personas, y se lo llevaron sin rumbo conocido.

Ocho días después la cónyuge del desaparecido tuvo información de tres cuerpos sin vida que reposaban en el anfiteatro de la ciudad de Medellín, entre los que se encontraba el de su esposo, quien según las versiones entregadas por los militares fue dado de baja, como resultado de un enfrentamiento entre las tropas y presuntos subversivos que operaban en la zona del municipio de Santa Ana, Antioquia.

El tercer hecho por el cual el juzgado condenó a los militares tiene que ver con una denuncia presentada por una víctima, quien aseguró que el 20 de mayo de 2004, soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda María, del municipio de Granada, la retuvieron y la trasladaron hasta la vereda Santa Bárbara, donde posteriormente fueron ejecutaron varias personas.