Obviamente se repiten varios de los límites impuestos a la mesa de La Habana, pero se refuerzan otros en cuanto a refrendación popular inesquivable y la negativa a una constituyente

2. SEGURIDAD JURÍDICA DE CONTRATOS: para nadie es un secreto que uno de los temas centrales del Eln en la Mesa de Negociación será, precisamente, el relacionado con los contratos de explotación petrolera y minera a gran escala. Debe trazarse una “línea roja” en torno a que los contratos, concesiones, asociaciones, licencias y demás pactos suscritos por el Estado con empresas nacionales y multinacionales deben respetarse, ya que ponerlos en duda sería un golpe mortal contra el clima de seguridad jurídica que exige la inversión extranjera. El peso del rubro de los hidrocarburos y la minería en el PIB así como de los ingresos a la Nación por divisas e impuestos es muy alto en Colombia, incluso en medio de la crisis de precios de los últimos dos años. Es claro que se requiere un debate en torno a la plusvalía del petróleo y los recursos naturales no renovables, mediando especialmente el enfoque de desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, pero ello no puede implicar un giro radical hacia la nacionalización de las operaciones de exploración, explotación y refinación de los mismos. Igual ocurre con los contratos y concesiones de largo aliento en carbón, oro y otros materiales, ya que las demandas contra la Nación por parte de los afectados serían multimillonarias.}

3. ROL, ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE FUERZA PÚBLICA: así como ocurrió en la negociación con las Farc, debe quedar claro desde el arranque que el Gobierno no va a permitir que se ponga en discusión temas relativos al papel que cumplen las Fuerzas Militares y de Policía, no sólo en cuanto a su misión funcional y doctrina, sino también en lo relativo a su tamaño, presupuesto y rol en una eventual etapa de posconflicto. Por ejemplo, en este tema debe tenerse sumo cuidado con el futuro de los desmovilizados del Eln, en caso de que el proceso llegue a un acuerdo final. Es evidente que no es aconsejable que pie de fuerza subversivo ingrese al estamento policial o militar. A lo sumo lo que puede permitirse, como pasó con el acuerdo de La Habana, es que los escoltas de los cabecillas guerrilleros cuando dejen las armas y entren a la política, sean también, en parte, desmovilizados, obviamente cobijados bajo algún mecanismo legal. Es claro que, al igual que ocurrió con las Farc, se puede enviar a la Mesa de Negociación a militares activos para que asesoren las tratativas en temas relativos a cese el fuego, desarme, localización de tropas.

4. SISTEMA POLÍTICO, MODELO ECONÓMICO, PROPIEDAD PRIVADA, JUSTICIA: es obvio que en la Mesa que se instale hoy en Quito deben funcionar las mismas “líneas rojas” que el Gobierno fijó para la de La Habana. Es decir, que no se negociará la esencia misma de un sistema político democrático de tipo presidencialista y representativo. Tampoco se negociará lo relativo al modelo de una economía basada en el librecambio capitalista, la interacción de la oferta y la demanda y con un Estado que interviene como ente regulador más que como operador, salvo que se trate de sectores estratégicos o de impacto en la seguridad nacional. Otro de los temas intocables será el del respeto a la propiedad privada, es decir que no pueden pactarse en la Mesa grandes programas de expropiación o nacionalización de predios, a menos claro que estén enmarcados dentro de las condiciones que establece la Constitución en su artículo 58. Tampoco se puede avanzar en la Mesa en nada relativo a la legalización del narcotráfico. Igualmente, debe partirse que cualquiera sea el mecanismo de justicia transicional que se acuerde, debe partir de que las penas flexibles y otras gabelas políticas, económicas, sociales y jurídicas que se den a los desmovilizados estarán condicionados a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Igualmente para acceder a los mismos debe haber previamente dejación total de las armas.

5. LA REFRENDACIÓN POPULAR: aunque después de lo ocurrido con el plebiscito refrendatorio del proceso de paz con las Farc, que tuvo un resultado negativo en las urnas, hay varias voces que sostienen que debería replantearse esta regla de oro de los procesos de paz en Colombia, lo cierto es que establecer, desde el primer momento, que todo lo que se acuerde en la Mesa deberá ser sometido, cuando se logre un acuerdo final de paz, a aprobación o improbación de la ciudadanía, termina siendo un elemento dinamizador de las tratativas, ya que el Eln debe tener en cuenta que la población tiene unos límites en torno a lo que está dispuesta a aceptar. Se supone que la Mesa en Quito tendrá un sistema distinto al de La Habana, puesto que el primer punto de la agenda entre el Gobierno y el Eln establece pactar los mecanismos de participación de la sociedad civil en las tratativas. Si esto es así, a diferencia de lo que pasó con las Farc, en donde la negociación fue sustancialmente cerrada entre las delegaciones de las dos partes, el mecanismo de refrendación popular es más trascendental aún.

6. SIN CONSTITUYENTES EXCLUSIVAS: es claro que el Eln leerá lo que está pasando con el acuerdo suscrito con las Farc, y buscará aumentar los mecanismos para blindar política y jurídicamente un eventual pacto final de paz que pueda suscribir. En ese escenario es claro que forzar una asamblea constituyente aparece como la mejor alternativa para incrustar en el ordenamiento normativo superior colombiano gran parte de un acuerdo de paz, asegurando su cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno tiene que dejar en claro desde el primer momento que no se está negociando para derivar en una constituyente, ya sea ésta cerrada a las partes o abierta a la participación de todo el país. Además, acudiendo a la lógica, es claro que el Gobierno no puede perder de vista que lo que pacte en Quito debe encajar o, al menos, no contradecir lo que ya acordó en La Habana, incluso con los cambios que se están tratando de introducir a ese acuerdo en la accidentada negociación con los líderes del “No”. De esta forma, la constituyente, por su amplio poder reformador, no aparece como una alternativa positiva en lo relativo a implementar dos procesos de paz con dos facciones armadas con intereses distintos.