En los departamentos de Norte de Santander y Antioquia se encuentra el mayor número de personas que aún no han acudido ante la Alta Consejería para la Reintegración.

Se espera que hoy, cuando vence el plazo, cerca de 4.500 desmovilizados de grupos armados ilegales se comuniquen con la Alta Consejería para la Reintegración para manifestar su voluntad de acogerse a la Ley 1424, con la cual solucionan su situación jurídica. De lo contrario perderán los beneficios y serán privados de la libertad.
Así lo señaló ayer el alto Consejero para la Reintegración Alejandro Eder, quien también dijo que más de 80 por ciento de los desmovilizados que el Gobierno espera, especialmente ex integrantes de las Farc y el Eln, ya cumplieron con este proceso.
Se conoció que en Antioquia se encuentra la mayor parte de los cerca de 4.500 desmovilizados que no se han acercado a la Alta Consejería para la Reintegración con el fin de solucionar su situación jurídica.
En esta región se produjo una masiva desmovilización en el marco de la Ley 975, que sirvió de marco para que dejaran las armas la mayoría de las estructuras del paramilitarismo. Es el caso de los Bloques Minero, Bananero, Élmer Cárdenas, Héroes de Granada, Cacique Pipintá, de las Autodefensas Campesinas de Colombia.
En tanto que en Norte de Santander, cerca de 600 desmovilizados están expuestos a perder los beneficios del programa de reinserción así como a ser privados de la libertad. En este departamento 1.500 estaban activos en el programa a cargo de la Alta Consejería para la Reintegración. Sin embargo posteriormente aproximadamente 600 quedaron inactivos por no cumplir con los requisitos establecidos, como es estar en permanente contacto con este organismo gubernamental para informar de sus actividades y paradero.
Sin embargo, por lo menos 350 de esos 600 se han comunicado con la Alta Consejería para la Reintegración con objeto de acogerse a la Ley 1424.

Requisitos
En junio pasado el Gobierno expidió el Decreto 2244 por medio del cual se reglamentó la Ley 1424 que sacó del limbo jurídico a más de 25 mil desmovilizados de los grupos armados ilegales.
Esta norma autoriza suspender las órdenes de captura o la ejecución de la pena si los desmovilizados están activos y cumpliendo con los requerimientos del programa que coordina la Alta Consejería para la Reintegración (ACR).
Es por esta razón que los desmovilizados que están activos en esta programa, como los que no están, tienen hasta hoy para contactarse con este organismo y acogerse a los beneficios de la Ley 1424.
“Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”, afirmó Éder.
Además de estar activo en el proceso de reintegración, para beneficiarse de la Ley 1424 un desmovilizado no debe haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización; firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la Verdad Histórica y la Reparación; participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración; firmar el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación ante el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración; presentarse ante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, en donde deberá facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y garantizar la no repetición de hechos violentos.
La Ley 1424 fue promovida por el Gobierno como fórmula para solucionar el limbo jurídico en que quedaron cerca de 25 desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que en su calidad de combatientes rasos no pudieron beneficiarse de esta norma.