Cuando se debate si a los damnificados por las fuertes lluvias se les debe descontar parte de su factura por acueducto y alcantarillado, espera sanción presidencial una ley que les subsidia todos los servicios públicos por seis meses.

Así lo recordó ayer una de sus autoras, la representante bogotana Gloría Stella Díaz, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), quien explicó que para acceder a dicho beneficio se debe estar inscrito en el censo que fue elaborado por las Oficinas de Prevención y Atención y Desastres de los departamentos y municipios: “Serían unos 4 millones o más de personas que estarían beneficiadas”.
“Lo que busca la ley es que quienes no estén recibiendo la prestación de los servicios puedan acogerse a estos subsidios excepcionales”, anotó Díaz, en diálogo con RCN La Radio.
La legisladora agregó que el trámite para el no pago de servicios públicos no va a permitir que existan personas inescrupulosas que quieran aprovecharse de dichos beneficios y que la Oficina de Gestión del Riesgo cuenta también con una base de datos de damnificados que será entregada a las empresas de servicios públicos.
La norma convirtió en ley los subsidios a los servicios públicos para los damnificados por los fenómenos naturales decretados en enero de 2011 por el Gobierno, pero que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
“Con esta ley se pretende mitigar las cargas que tienen 557.377 hogares que sufren afectación en sus viviendas, ya que éstos no serán sujetos de facturación o cobro sino hasta tanto el inmueble recupere las condiciones necesarias para su funcionamiento y la empresa prestadora del servicio garantice y restablezca el mismo”, manifestó la representante Díaz.
Díaz y el senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), promovieron el proyecto en su calidad de presidentes de la Comisión Accidental de Emergencia, junto al representante Juan Manuel Valdés, de la Alianza Social Independiente (ASI).Se trató del proyecto de Ley 285 de 2011 Cámara - 244 de 2011 Senado, “por medio del cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte la población nacional y su forma de vida”, radicado el 5 de abril.
La iniciativa tuvo como ponentes a los representantes Wilson Gómez, Luis Guillermo Barrera y José Edilberto Caicedo, todos de La U.
“En palabras de los autores”, se consignó en la ponencia aprobada, “las disposiciones de este proyecto de ley representan una ayuda social imprescindible que permite mitigar las funestas consecuencias que traen consigo los desastres naturales. Por ello, aunque la razón principal de este proyecto se encuentra en la declaratoria de inexequibilidad de algunos Decretos Legislativos expedidos en virtud de la emergencia invernal, estas disposiciones están encaminadas a contrarrestar las secuelas que puede dejar cualquier desastre o calamidad en la población que habita dentro del territorio nacional, y en su forma de vida”.
“En efecto”, recogió la ponencia, “ante la necesidad de conjurar la crisis desatada por el fenómeno de La Niña 2010-2011, y con el fin primordial de impedir la extensión de sus efectos, el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, a través del Decreto Número 020 del 7 enero de 2011. Con base en el Decreto ibídem, el Gobierno nacional expidió otros decretos con fuerza de ley que pretendían proteger a la población de ese desastre natural; entre los cuales se encontraba el Decreto número 129 de 2011 que concedía subsidios a los afectados, relacionados con la prestación y cobro de servicios públicos”.
Para los ponentes, “es necesario aclarar que las medidas encuentran sustento real y objetivo, toda vez que en las diferentes visitas realizadas por las Comisiones Accidentales del Congreso para evaluar los Informes del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica desarrollados a lo largo de estos meses, se constató que las disposiciones adoptadas por el Gobierno en materia de servicios públicos resultaban indispensables para lograr la atención inmediata, así como la recuperación y la reconstrucción correspondientes”.
“En ese sentido y teniendo en cuenta que la ley busca mantenerse vigente con el paso del tiempo, y que sea aplicada bajo circunstancias y hechos similares en condiciones de igualdad para sus destinatarios, por medio de este proyecto de ley se hacen extensivas las medidas a cualquier damnificado por un desastre o calamidad que afecte su forma de vida”, plantearon los congresistas.