Una inspección de la Corte Constitucional reveló que los métodosde extracción minera y de explotación forestal, que incluyen maquinaria pesada y sustancias altamente tóxicas -como el mercurio- en el río Atrato, sus cuencas y afluentes, están teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de las comunidades y el equilibrio natural de los territorios que habitan.

En consecuencia, en menos de dos años han muerto 37 niños en Chocó, presuntamente por tomar agua contaminada. La Corte Constitucional pidió un informe a Naciones Unidas para determinar el nivel de riesgo de las comunidades.

El secretario General de la Confederación Nacional de Mineros, Rubén Darío Gómez, aseguró que el mercurio no se disuelve en el agua. Catalogó el informe como una persecución por parte del Gobierno y  las multinacionales mineras.

Así las cosas,  Corte Constitucional notificó a la Presidencia acerca del informe y pidió estudios científicos de las universidades Nacional, El Rosario, Los Andes y Cartagena.