De acuerdo con el Informe 2012 del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH) en Colombia, a pesar de las nuevas normas para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos, la inversión de 100 millones de dólares en mecanismos de prevención y protección de personas en riesgo, entre ellas los defensores de derechos humanos, 357 hombres y mujeres fueron agredidos en 2012 por esa labor.
El informe del Programa No gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos (Somos Defensores) da cuenta de que del total de 357 agresiones individuales, 202 son amenazas, 69 son asesinatos, 5 son desapariciones, 50 son atentados y 26 son detenciones arbitrarias.
También hay un caso de uso arbitrario del sistema penal, 3 casos graves de hurto de información y un caso de violencia sexual contra una defensora.
En 2011, la cifra fue mucho menor: 239 defensores agredidos.
De estas 239 agresiones, el 78 por ciento fueron en contra de defensores y el 22 por ciento contra defensoras.
Según el SIADDHH, estos hechos de agresión en 2010 fueron perpetrados en un 41 por ciento por paramilitares; 13 por ciento por organismos del Estado; 9 por ciento por las guerrillas; y en un 37 por ciento por desconocidos. El informe también señala que de las 357 agresiones individuales registradas en el Sistema de Información, las zonas más complejas son Bogotá, Cauca, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño.
Comisión Intereclesial
Más de 130 organizaciones sociales y redes de asociaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica manifestaron su apoyo a las y los defensores de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), “ante el incremento de agresiones que ponen en riesgo su vida y perjudican su labor legítima y esencial para la democracia y la paz en Colombia”.
Según un comunicado que divulgaron ayer, “durante los últimos tres meses, se han intensificado las difamaciones y los seguimientos contra los miembros de la CIJP y en especial Alberto Franco, Danilo Rueda y Abilio Peña. Los estudios de riesgo realizados por el gobierno colombiano calificaron de ‘riesgo extraordinario’ la situación en la que se encuentran 18 de los miembros de la CIJP que trabajan en Bogotá, Putumayo, Meta, Valle, Cauca, Chocó y en la Costa Caribe. Más recientemente, el 13 de febrero de 2013, el carro blindado en el que se moviliza el padre Alberto fue impactado en tres ocasiones en su vidrio panorámico con arma de fuego que se utilizó con silenciador, según informe preliminar de la SIJIN, mientras estaba aparcado frente a su residencia. El padre Franco había denunciado varios incidentes de vigilancia y seguimientos en su residencia durante todo el año 2012 y más recientemente los días 4, 11 y 13 de febrero de 2013”.
Las organizaciones firmantes consideraron “que estas amenazas son consecuencia de la labor que realiza la CIJP para la restitución de las tierras y el esclarecimiento de la responsabilidad estatal, de sectores militares y empresariales en robos de tierras, amenazas y violaciones de derechos humanos ante tribunales nacionales e internacionales. Estas intimidaciones ocurren pocos días después de que el padre Franco informara en medios de comunicación cómo funcionarios del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe han sido involucrados en el despojo y la ocupación ilegal de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó; y esta misma semana tuvo lugar la audiencia sobre el caso Marino López y otros de Cacarica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Las 130 organizaciones sostuvieron que “hemos observado cómo estas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que acompaña la CIJP son también atacadas por reclamar su derecho a la tierra. En diciembre de 2012 conocimos de primera mano en Curvaradó las denuncias sobre la presencia masiva de paramilitares uniformados y con armas largas, así como la amenaza de que van a perpetrar una masacre. En varias oportunidades hemos manifestado nuestra preocupación por los hostigamientos contra María Ligia Chavera y Enrique Petro, dos líderes emblemáticos del proceso de restitución de tierras de Curvaradó”.
“Esta semana”, agregaron, “hemos visto con profunda preocupación como los representantes del gobierno colombiano, en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deslegitiman los testimonios y atemorizan con un trato agresivo a las víctimas del desplazamiento masivo causado por la operación Génesis en Cacarica en 1997. Estas acciones exponen los testigos y las víctimas a represalias y una vez más les revictimizan. Sabemos también de la intensificación de la campaña de difamación llevada a cabo por personas cercanas a los sectores empresariales que se aprovecharon del despojo, en contra de Liliana Ávila y de Danilo Rueda, representantes de CAVIDA Cacarica ante la Corte Interamericana, que alegan que manipularon a las víctimas para declarar contra militares y paramilitares. En este caso la justicia colombiana sentenció como responsable de la muerte del campesino Marino López, en desarrollo de la operación Génesis, al general (r) Rito Alejo del Río, Comandante de la Brigada 17 del ejército nacional entre 1996 y 1997”.