La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, se refirió hoy  a los denominados estudiantes “fantasmas”, que siguen existiendo en las distintas escuelas del  país recibiendo las ayudas y transferencias de las Entidades de orden nacional y territorial.

La jefe del organismo del control habló en un encuentro de secretarios sociales departamentales y del Distrito Capital,  que se reunió en en el Auditorio de la CGR con el objeto de  tratar los lineamientos técnicos y el nuevo escenario del proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 2014-2015. 

Reveló la Contralora que un equipo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana identificó los niños “fantasmas” en algunas instituciones educativas al tiempo que recolectó las pruebas pertinentes para establecer un presunto detrimento patrimonial en el l Programa de Alimentación Escolar – PAE, manejado hasta el 2013 por el ICBF y ahora en cabeza del Ministerio de Educación Nacional.

Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana,  Carlos Mario Zuluaga Pardo quien lidera el grupo de investigación, se estaría hablando de un presunto detrimento por $3.421 millones debido a la destinación de recursos sólo de desayuno para 21.601 posibles estudiantes inexistentes  en este programa para el año 2012.

El funcionario agregó que este equipo verificó los  5 municipios que concentraban el 12% del total de niños identificados, “El equipo de la CGR continua recorriendo los centros zonales del ICBF para revisar las carpetas de los estudiantes beneficiados por el programa – PAE. Fueron  visitados Soacha, Barranquilla, Facatativá, Sibaté, Manaure y Riohacha”, precisó.

De acuerdo a los resultados de esta investigación, unos de los casos más delicados y sensibles es el del departamento de la Guajira, por la evidente desarticulación interinstitucional que se da allí. “Sólo hasta cuando el equipo se encontraba en el departamento, se registraron reuniones y visitas de los Ministerios competentes, los cuales adelantaron  acuerdos en el  tema nutricional” añadió el Contralor Delegado.

Según se ha establecido, el porcentaje de coincidencia estaría entre el 80% y el 85%, lo que representaría un posible detrimento de $2.800 millones de pesos, cifra que se calcula multiplicando los 880 pesos que se pagaban por cada desayuno en 2012, los 180 días del Programa, y los niños “fantasma” encontrados en las planillas de control mes a mes.

Desnutrición en La Guajira.

La CGR también indagó acerca del problema de desnutrición en los niños de La Guajira, “Nos preocupa el hecho de que en este departamento tan importante se esté sufriendo de hambre y desnutrición. Los niños y toda la Comunidad Wayuu sufren por la falta de agua y las enfermedades asociadas a la desnutrición se encuentran directamente asociadas a este drama, como lo evidenciamos en las Secretarías de Salud municipales y departamental”, resaltó Zuluaga Pardo.

“Para el PAE hay una deficiencia importante en la supervisión de los operadores. En Manaure no se tenían las planillas, no entregaron la información y los operadores no colaboraron para obtener las carpetas completas. También se identificó falta de recursos para atender a todos los niños, y hasta el  incumplimiento de los contratos por parte de los operadores en cuanto a la afiliación de las manipuladoras y la calidad de los alimentos”, añadió.

Asimismo se requirió a la Secretaria Departamental de Riohacha  las planillas de los beneficiados o algún listado que diera cuenta de la entrega de los desayunos y las copias de los contratos o convenios suscritos, recibiéndola de manera tardía.

Las Comunidades indígenas también  fueron visitadas así como las autoridades locales y departamentales.

“Se notó que los 7 resguardos de Riohacha tienen en sus cuentas casi $5.000 millones de pesos por problemas en la concertación.  “Qué pasa con las comunidades que no hacen parte de ningún resguardo y las que no reciben transferencias, que también viven el drama del agua y del hambre”, subrayó Zuluaga.

El Delegado agregó que “la Contraloría evidencia la necesidad de articular mejor los diferentes niveles del Estado para no atomizar las inversiones y hacer esfuerzos comunes e integrar en planes sociales ambiciosos, los recursos dirigidos a las comunidades más vulnerables de este departamento”.