Legalizar otra vez la totalidad de esas tierras que están en manos de particulares, es demorado ya que se tiene que pasar por un proceso judicial. Y de las 15 mil hectáreas del Tayrona, al menos 12 mil presentan líos judiciales.

Asi lo dio a conocer el superintendente de Notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, en un informe sobre los terrenos robados al Estado que posteriormente fue entregado al ministro de Ambiente, Frank Pearl.
Velez aseguro que “hay que revisar cada una de las actuaciones que encontramos que tenían problemas de carácter jurídico, lo que fueran bienes del Estado o baldíos, tenemos que hacer un tema directamente por nosotros, donde hay propiedad privada eso tiene que ir a los jueces civiles para poderle cambiar la destinación que le dieron, hay algunos casos de prescripción delegada por jueces, eso tiene que ver el Consejo de la Judicatura