Un total de 122 aspirantes a integrar la terna de la que será elegido el Auditor General de la Nacional, se inscribieron en los primeros 17 días, ante la Corte Suprema de Justicia.
La lista se irá depurando en la medida en que se analicen las hojas de vidas de los postulados, hasta que finalmente se escoja la terna de la que saldrá el reemplazo de Carlos Felipe Córdoba.
De los organismos de control, el único que no tiene un periodo de cuatro años es justamente la Auditoría y aunque se han realizado varios intentos por equipararlo con los demás, el Congreso no ha tramitado los proyectos o simplemente los ha hundido por el camino.
De los 122 inscritos, 33 son mujeres. Al final, por equidad de género, una de ellas hará parte de la terna, aunque falta por ver quiénes se quedarán en el camino.
En este grupo no sobre salen, como en ocasiones anteriores, nombres que se puedan dar como fijos para formar parte de la terna y muchos menos quién podría suceder a Córdoba, a quien le quedan pocos meses al frente de la entidad.
Algunos de los inscritos son Edgar Abuabara, Hernando Afanador, Ricardo Arias; Rossy Liliana Ascencio, Enrique Beltrán, María Teresa Berrío, Elisabeth Blandón, Indira Burbano, Iván Caamaño, Lyda Caicedo; Guillermo Camelo, Nubia Camelo, Delia Cedeño, Kamila María Corro, Lorena María Cuéllar, Mónica Delgado, Luz Jimena Duque, Luz Espitia, José Nelson Estrada, Elizabeth Fajardo, Eduardo Forero, Cecilia Galindo, Manuela Garcés.
Marcelo Giraldo, Alfonso Gómez, Gloria Hincapié, Sandra Hoyos, Roberto Jiménez, Fernando Liévano, Carlos López, Yesid Machado, Fernanda Martínez, Libardo Mendieta, Efraín Montalvo, Mercedes Moreno, Dyewiskey Mosquera, Ángela María Murcia, Juan Carlos Ocampo, Ernesto Oviedo, Nohemí Perdomo, Adelmo Plaza, Rodrigo Restrepo, Mario Riascos, Cristina Rodríguez, Ana Romero, Juan Guillermo Salazar, Lina María Tamayo, Laura Trazona, Antonio Torres, Jorge Trujillo, Nain Valderrama, Javier Villalobos, y Jaime Zapata, entre otros.
La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal.
Corresponde a la Auditoría General ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General y de las contralorías departamentales, distritales y municipales.
Su misión es coadyuvar a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.
La coadyuvancia en el control fiscal se entiende como la acción de colaborar, apoyar y acompañar a las contralorías, facilitando recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico que contribuya a los procesos de mejoramiento de las mismas.
La figura de la Auditoría General nació en la constituyente de 1991 por medio de la asignación de un auditor para la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República. De esta forma, la Constitución Política se ocupó de garantizar la vigilancia de los órganos que ejercen control fiscal en el país facultando a una entidad especializada y autónoma para ello, con el fin de velar por la transparencia y eficacia del proceso.
Posteriormente, la Ley 106 de 1993 le dio por primera vez organización administrativa a la Auditoría y la adscribió al Despacho del Contralor General, acción que sería declarada inexequible en la Sentencia C-499 del 15 de septiembre de 1998,3 puesto que equivaldría una subordinación y dependencia de la Auditoría a la Contraloría que en este caso es el sujeto vigilado. Esta sentencia le devolvió la independencia a la entidad y por consiguiente la posibilidad de ejercer un control libre e imparcial de la función. Por lo anterior se dotó a la entidad de autonomía administrativa, presupuestal y jurídica.
El actual auditor es Carlos Felipe Córdoba, quien ha venido desarrollando una labor silenciosa pero efectiva.
El cargo, si bien no tiene tanta vitrina como el de otros organismos de control, es una pieza clave en engranaje del Estado.
Corresponde al Consejo de Estado elegir al Auditor, de la terna que le presenta la Corte Suprema.