Tras revisar 85 de los 298 contratos de Obras con Participación Ciudadana –OPC- celebrados desde el año 2005 a través de la Gerencia de Proyectos del Instituto de la Participación y Acción Comunal (Idpac), se encontró que en 100 documentos analizados hay dudas sobre la legalidad jurídica y administrativa que pondrían en riesgo cerca de 11.000 millones de pesos de los Fondos de Desarrollo Local que estaban siendo administrados por el Idpac.

Los hallazgos presentados revelan anomalías en la ejecución de contratos de consultoría, contratos de obra, interventorías y la supervisión de los mismos. “Este informe se desprende de 298 contratos sobre los cuales se inició un análisis jurídico, técnico y financiero para verificar su debida suscripción con organizaciones comunales bajo la modalidad OPC, y cuyo monto total supera los 24.000 millones de pesos correspondientes a recursos de los Fondos de Desarrollo Local principalmente, de los que fueron desembolsados cerca de 16.000 millones”, afirmó José Miguel Sánchez, director del Idpac.

Un ejemplo de cómo las irregularidades en la ejecución de estos contratos afecta directamente a la ciudadanía se da en el barrio Pastranita II Sector, en la localidad de Kennedy, donde se contrató el reforzamiento y adecuación del Salón Comunal por 247 millones de pesos en obras que no cumplieron las especificaciones debidas, registrándose un posible detrimento patrimonial superior a los 115 millones de pesos.

Otro caso es el Salón Comunal Sagrada Familia, de la localidad de San Cristóbal que debía ser entregado en el año 2007, pero que en la actualidad es una obra abandonada para la que fueron desembolsadazos el 94 por ciento de los recursos equivalentes a 389 millones de pesos. En casos similares se han afectado en total 62 Juntas de Acción Comunal de la ciudad.

De los 85 contratos revisados se encontró que en 33 el Idpac dejó correr los 30 meses que establece la Ley 80 para ejercer el trámite de la liquidación por vía administrativa, siendo archivados sin que se revisara el cumplimiento del objeto de los mismos, sin los soportes de paz y salvo respectivos y sin actas de liquidación.

De igual forma, otros 26, que están en este momento en proceso de liquidación, presentan irregularidades en la legalización de cortes para cobros según el nivel de ejecución, soportes contables, interventorías y supervisiones. A la fecha, de estos 26 contratos por 6.500 millones de pesos, ya hay uno con hallazgo fiscal y cuatro en proceso de declarar incumplimiento, de tal forma que se harían efectivas las pólizas.

Finalmente, entre los contratos revisados, otros 26 que ya tenían acta de liquidación, reflejan inconsistencias en los pagos por lo que también se están revisando las actas para verificar por qué fueron liquidados como si se hubiese cumplido el pleno de los requisitos.