Por considerar que los señalamientos en medios de comunicación que hizo el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda sobre el expresidente Álvaro Uribe no atentaron contra su buen nombre ni honra, la Fiscalía archivó una denuncia que éste presentó hace dos años. 

Sepúlveda ya había sido condenado a 10 años de prisión por las interceptaciones ilegales que hizo a negociadores del Gobierno y de la guerrilla en el tiempo que discutían en La Habana un acuerdo para poner fin a un conflicto armado que se extendió por más de cinco décadas.

Sepúlveda utilizó esta información y otros documentos que obtuvo de inteligencia militar para sabotear y desprestigiar en la opinión pública estos diálogos de paz.

Sin embargo el hacker, quien para el momento de los hechos trabajaba para la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga con el fin de difundir en las redes la información de la misma, aseguró que realizó estas actividades con el conocimiento de directivos del Partido Centro Democrático, específicamente el asesor espiritual de la campaña Luis Alfonso Hoyos, hoy prófugo de la justicia, y David Zuluaga, hijo del candidato.

Tras ser capturado Sepúlveda dijo, entre otras, en un reportaje de la Revista Semana que Uribe incluso dio órdenes y suministró información para adelantar esta campaña de desprestigio. "(...) dar cumplimiento a la instrucción de no al proceso de paz. La vino liderando Uribe tiempo atrás con diferentes peones", "Uribe aceptó que él había recibido las coordenadas por el general Rey, no fue que interceptaran al general, no. El mismo expresidente lo aceptó", aseguró el hacker.

El expresidente Uribe así  como los demás integrantes del Partido Centro Democrático negaron tener conocimiento de las actividades delincuenciales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, y por sus señalamientos en su contra el expresidente procedió a denunciarlo por injuria y calumnia.

Sin embargo, para la Fiscalía no se pudo evidenciar un daño real al hoy Senador, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de situaciones: "Para que una afirmación sea considerada como una imputación deshonrosa, es necesario que tenga la entidad para afectar el bien jurídico de la integridad moral, lo que supone exceder los límites contemplados para los derechos cobijados bajo la libertad de expresión".