La política exterior colombiana pasa por un bache desafortunado. Se ha veni-do dando un cúmulo de circunstancias desconocidas para una nación con una trayectoria plausible en este aspecto. Ahora se pierden votaciones inverosímiles en la OEA; la frontera con Venezuela permanece cerrada como cosa normal y cotidiana; Panamá nos mira con recelo por las políticas comerciales que enemistan a un país tradicionalmente amigo, produciéndonos sanciones de la OMC; Ecuador mantiene sus dudas sobre el país cuando previamente éramos cercanos antes del bombardeo en la frontera; nos abstenemos asimismo de participar en la más grande alianza del Pacífico de la historia, con Estados Unidos y Japón a la cabeza; y nada que no sea la rutina de sacar avante el protocolo común y corriente de las relaciones entre los países sale fluido, correcto y sin problemas.

 

En medio de ello se han venido perdiendo los referentes universales y no hay política, es decir, una estrategia de largo plazo sino que se actúa por reacción y se da pie a la improvisación y el último pálpito. Tuvo Colombia, en su momento, grandes internacionalistas e indudablemente hubo una época de gloria cuando se manejó la política exterior con apego al derecho, aguda sensibilidad jurídica y entendimiento de lo que significa pertenecer al concierto y el sistema de las naciones. No en vano Colombia fue, no solamente promotora de la OEA en cabeza de Alberto Lleras, sino que participó activamente en la creación de las Naciones Unidas con el nombramiento de Eduardo Zuleta Ángel. 

 

Luego emergieron dirigentes de gran valía en la materia como Alfonso López Michelsen, Alfredo Vásquez Carrizosa, Indalecio Liévano Aguirre y Augusto Ramírez Ocampo, para solo citar algunos con identidad propia y sentido ecuménico. Inclusive esa preminencia permitió posteriormente que a la dirección de dos organismos externos como la OEA y el BID llegaran dos colombianos: César Gaviria y Luis Alberto Moreno, todavía en el cargo. De hecho y en el mismo sentido Colombia se hizo parte, a través de Rafael Nieto Navia, de las más altas magistraturas en los tribunales internacionales. En general, pues, un país destacado en el manejo de las relaciones exteriores y sus nacionales proclives a ser nombrados en dignidades de responsabilidad mundial.

 

El tejido de la política exterior colombiana no fue, en lo absoluto, cosa accidental e improvisada. Gracias a la actividad diplomática tuvo pronto reconocimiento, a poco de lograda la Independencia, y entonces se trató de fundar una nueva concepción de las relaciones americanas en el Congreso Anfictiónico citado por El Libertador. El colapso grancolombiano fue, desde luego, un despropósito de caudillos menores, pero Colombia siempre mantuvo en alto las relaciones internacionales. Más tarde, cuando la usurpación panameña y la pérdida del istmo como consecuencia del disparate de la Guerra de los Mil Días, lo mismo que por la ineficacia de los franceses en la construcción del canal, la diplomacia colombiana a lo menos obtuvo la indemnización de los Estados Unidos y la cláusula del “sincero arrepentimiento” por la vía jurídica. Con posterioridad, cuando la invasión del Perú al sur colombiano, el país defendió adecuadamente la soberanía y saldó jurídicamente el tema en el Protocolo de Rio de Janeiro, bajo el plenipotenciario Eduardo Santos. El último canciller colombiano, después presidente, fue Alfonso López Michelsen, cuando el país logró, en un salto de envergadura, la formalización de varias de sus fronteras. No ha sido fácil, ciertamente, el establecimiento de los límites territoriales y así viene adelantándose desde hace casi 200 años, aun sin lograrlo en ciertas partes, como en el caso venezolano, nación que acaba de incluir aguas en litigio con Colombia dentro de sus declaradas zonas militares estratégicas, en respaldo explícito de su ejercicio soberano, con ánimo de señor y dueño, pero del progreso de las comisiones bilaterales para saldar el diferendo, nada. Y todos tan tranquilos como si de antemano se diera por perdido el asunto. 

 

La Constitución de 1991 sostiene en su artículo noveno que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan “en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. En los últimos años, ante el tema de las fronteras con Nicaragua, el país viene precisamente dando tumbos frente a los preceptos sustanciales del derecho internacional, hasta el punto de que a hoy el equipo nicaragüense nos ha enredado de manera cierta y evidente con base en una experticia y habilidad jurídica demostradas frente a los fracasos del equipo colombiano. Los cambios de estrategia de nuestra parte, la exaspe-ración como móvil de las conductas jurídicas, la repentina idea de que el derecho interno prevalece sobre el externo contra toda evidencia, la sensación de que el derecho internacional no es un conjunto normativo coherente sino un baúl de incisos, en fin, todo ello viene llevando a una Colombia desconocida. Y ahora, de remate, se decide abjurar de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano de Naciones Unidas, por lo demás renunciando a la defensa colombiana sin razón alguna diferente de encubrir los errores procedimentales en los que se cayó al salirse del Pacto de Bogotá. Pero Colombia tiene derecho a defenderse y resignarlo puede ser motivo de inconcebibles dolores de cabeza. Como suele decirse, un estadista piensa para la próxima generación. Abandonar la partida, dejarlo todo al garete, decir por los más altos exponentes nacionales que la Corte es “injuriosa”, según palabras presidenciales, y que “nos quieren joder”, como lo dijo públicamente el ex secretario general de la OEA, puede ser muy efectivo para la galería pero a no dudarlo ineficaz desde el punto de vista de la salvaguarda de los altos intereses nacionales. 

 

Mucho dentro del fallo de la Corte es favorable para irrumpir, con acierto, en la defensa de fondo de la soberanía colombiana. Tomar las de Villadiego es dejarle el espacio completo a Nicaragua. Volver a La Haya es luchar por el territorio co-lombiano.  Nada se saca con una cierta actitud de vindicta contra la Corte por el fallo de 2012 en el que, por lo demás, ella nos revalidó la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los islotes, en el centro de la plataforma continental nicaragüense y contra las pretensiones principales de ese país. Dios no lo quiera, como vamos, que hasta eso se ponga en juego en el bache de la política exterior que estamos viviendo.