AL MENOS 20 senadores del Pacto Histórico serán investigados desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Por este mismo caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó recientemente imputación de cargos contra el mandatario nacional, Gustavo Petro.

La investigación abarca cualquier posible relación con la empresa de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), implicada también en la financiación de la campaña del actual jefe del Estado, según información citada de Caracol Televisión.

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Se supo que el alto tribunal pesquisa si hubo o no irregularidades en cuanto a reportes de ingresos y gastos de las actividades proselitistas de los congresistas al CNE.

El propio ente electoral ha emitido ya solicitudes formales a las entidades financieras solicitando detalles sobre las consignaciones realizadas a la cuenta de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).

Los congresistas que serán objeto de investigación en esta ocasión son Gustavo Bolívar, quien ya renunció a su puesto en el Senado; Alexander López, Roy Barreras y César Pachón, a quienes el Consejo de Estado tumbó elección; María José Pizarro, Aída Avella, Martha Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flórez, Isabel Zuleta, Álex Flórez, Clara López, Robert Daza, Yuly Esmeralda Hernández, Wilson Arias, Gloria Flórez, César Pachón, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jael Quiroga Carrillo.

CNE

El Consejo Nacional Electoral, a través de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, quienes están al frente de las pesquisas de este polémico caso, solicitó la imputación de cargos contra el mandatario por las presuntas anomalías presentadas en la financiación de las actividades proselitistas del otrora candidato Petro.

De acuerdo a información publicada por los medios de comunicación, ambos tenían preparada una ponencia para solicitar la medida, en la que también incluyeron al entonces gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto, quien fue la auditora, y otros directivos de la misma, por violación de los topes autorizados por más de $6.000 millones.

Sumado a ello, la Fiscalía General de la Nación anunció otras seis indagaciones por presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente de la República. Estas pesquisas también giran en torno a presuntos ingresos irregulares al Pacto Histórico, de cara a las elecciones del Congreso ese mismo año.

Además, el ente anunció que serían indiciados altos funcionarios de este Gobierno como la vicepresidenta Francia Márquez; el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti; y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fungió como gerente de la campaña del Pacto Histórico.

Al respecto, el coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, dijo que se “investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez”.

“Estamos realizando las investigaciones y en su momento definiremos si se requiere una imputación, si se le solicita medida de aseguramiento, pero ahorita, inminente, que haya una formulación de imputación, no la hay. Se está recaudando elementos, se están escuchando personas”, puntualizó.

La avioneta y las criptomonedas

Por otro lado, también la semana pasada se profundizaron las indagaciones del caso, esta vez por los supuestos aportes que recibió el equipo del hoy jefe de la Casa de Nariño por parte de la compañía de criptomonedas, Daily Cop, la cual también es señalada por adquirir, mediante un testaferro, un avión valorado en 1 millones de dólares para el transporte de Petro, cuando apenas era candidato.

El tribunal electoral decidió recibir las declaraciones de dos representantes de dicha empresa, los hermanos Cristian Hernández y Omar Hernández, el próximo 7 de mayo, con la intención de esclarecer los supuestos aportes irregulares ofrecidos a la contienda electoral en 2022, lo que podría poner a Petro contra las cuerdas. Esto, luego de una reunión de urgencia entre los magistrados del CNE, Prada y Ortiz, que están frente a este caso contra la campaña presidencial de hace dos años.

Como se sabe, estas dos personas se encuentran detenidas en una cárcel de Bogotá, luego de ser imputadas por los delitos de captación masiva y habitual de dineros.

Las autoridades están particularmente interesadas en esclarecer el flujo de fondos entre Daily Cop y la campaña de Petro. Según fuentes cercanas al caso, se estima que los movimientos bancarios vinculados a esta presunta colaboración superan los 4.000 millones de pesos, una cifra que ha despertado inquietudes sobre la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en la contienda electoral.

La intención es que ambos puedan exponer “todo lo que le conste sobre los pagos realizados al señor Ricardo Roa, como financiación de la campaña electoral provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220.000 personas y más de 180.000 millones de pesos relacionados con la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación”.