- Apogeo histórico de los cultivos ilícitos
- Colaboración entre los órganos del Estado
LA creación de una política antidrogas verdaderamente efectiva y que cumpla los compromisos nacionales e internacionales debería nacer de la obligatoria articulación entre los diferentes órganos del Estado. Porque el problema radica, ciertamente, en que no pareciera señalarse un objetivo único contra el flagelo de los cultivos ilícitos y el consumo de narcóticos. Así la estrategia adoptada no tiene un norte conjunto en pos del cual se puedan otorgar responsabilidades y aplicar los correctivos del caso sobre la marcha.
Es lo que acaba de suceder ante la lamentable situación que se observa en el país con el apogeo de los cultivos ilícitos. Así como estos aumentaron hasta la cifra nunca vista de 209 mil hectáreas de hoja de coca, acorde con el último reporte de los Estados Unidos, igualmente se incrementó la exportación hasta 930 toneladas métricas de cocaína, configurando un monto realmente escandaloso.
Lo más grave del asunto es que esta situación se presenta por haber modificado estruendosamente una estrategia exitosa que venía aplicándose hasta el 2013. En esa fecha, el país venía controlando rigurosamente los sembradíos ilegales de hoja de coca, marihuana y amapola. De haber seguido por esa vía a estas alturas se podría presumir que no se llegaría ni a las 20 mil hectáreas de narcocultivos, logrando despejar definitivamente del país el flagelo que lo ha macartizado internacionalmente y ha drenado buena parte de sus energías. Pero la suspensión de la fumigación aérea, la no erradicación en zonas de las Farc, las presiones de los violentos a los campesinos para que se opusieran a la destrucción manual de los cocales y el cultivo en áreas ambientalmente protegidas y en reservas indígenas, determinaron el inusitado crecimiento que hoy tiene en ascuas el combate contra los narcóticos.
No es bueno para Colombia, por supuesto, que ello esté ocurriendo. Mucho menos, claro está, cuando se había seguido una estrategia que estaba dando resultado y que fue cambiada intempestivamente por el gobierno actual, dejando el campo abierto para que el fenómeno se triplicara. Todo ello, como se sabe, se llevó a cabo al mismo tiempo de las conversaciones con las Farc y el resultado no pudo ser más catastrófico. En el fondo se dio un incentivo para el cultivo al mismo tiempo que corrían las conversaciones, por lo que los detentadores del negocio ilícito vieron una ruta abierta para incrementar su codicia a partir de la miseria de ciertos sectores campesinos.
A ello se sumó un supuesto debate internacional sobre la despenalización o legalización de las drogas, con la participación del gobierno colombiano, que no llegó a ninguna parte. Otras eran las épocas, desde luego, en que el país podía declararse víctima del flagelo, cuando se aducía, entre otras cosas, que en un Estado tan pobre no había recursos para atacar el problema y que todo se debía, también, a la demanda de alcaloides por parte de los norteamericanos más que a la oferta proveniente de nuestra nación. Desde entonces a hoy muchas cosas han cambiado, entre ellas las capacidades colombianas así como el avance de la tecnología y los artefactos para combatir los cultivos ilícitos. La idea, en abstracto, de legalizar la droga no puede, tampoco, servir de mampara para evitar librar la lucha en concreto.
Pero la política antidrogas no puede estar referida única y exclusivamente a la nación del norte. El consumo interno en Colombia se ha disparado en forma preocupante. Y los datos del microtráfico alrededor de colegios y universidades son la demostración palmaria de que se pretende envenenar a la juventud para luego utilizarla de carne de cañón dentro de la cadena tóxica. Y en esa dirección el galimatías de la dosis mínima, que en realidad no tiene límites, es un aliciente para el mayor consumo y para la desmoralización e inactividad de la fuerza pública.
Del mismo modo, el narcotráfico es el factor esencial para que permanezcan activas las disidencias de las Farc así como el Eln y las denominadas bacrim. Todas esas derivaciones violentas han bebido del apogeo de los cultivos ilícitos que sirve, así mismo, de combustible para impedir el establecimiento de la soberanía y el debido mantenimiento del orden público. Poco ayudaron, en ese sentido, las prolongadas conversaciones con las Farc, puesto que todo quedó más o menos igual, o peor que antes.
El país, en consonancia con las obligaciones constitucionales, necesita una política antidrogas concertada entre las diferentes autoridades. Ante el fracaso es hora de establecer la política pública pertinente y desarrollarla sin esguinces.