Una de las mayores falencias en Colombia en las últimas dos décadas, ha sido, sin duda, que la Política Criminal del Estado no se ha podido consolidar como una hoja de ruta coherente y, sobre todo, con vocación de permanencia. Cada gobierno de turno formuló cambios y ajustes a la estrategia macro que fija los lineamientos con que las autoridades e instituciones debían actuar para combatir a los factores delincuenciales y proceder a su respectiva judicialización y neutralización. De esa forma, la Política Criminal terminó imbuida en bandazos normativos que se reflejaron, además, en una racha de reformas a los códigos, populismo punitivo, márgenes muy altos de discrecionalidad en las decisiones de jueces y fiscales, jurisprudencia desordenada de las altas cortes y un deficitario análisis de la evolución y medidas para atacar los factores generadores de violencia y de violaciones a la ley…  
Hoy se posesiona el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, experimentado jurista, con amplia trayectoria en el sector público y privado y acostumbrado a liderar grandes responsabilidades. Por lo mismo, su perfil gerencial y ejecutivo es el que se requiere para que Colombia pueda reformular su actual Política Criminal, en conjunto con el Congreso, las altas Cortes, el Ministerio de Justicia, la academia y otras instancias. Un ejercicio parecido, guardadas las obvias proporciones, al que impulsó como Ministro de la Presidencia, en relación al programa de depuración normativa que desembocó en la derogatoria de no menos de 11 mil decretos y la expedición de menos de una treintena de decretos únicos que contenían toda la legislación sectorial. 
Esa nueva Política Criminal, por ejemplo, debe señalar cuál debe ser el norte de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pues está visto que por más que se combate este flagelo en todas las cadenas, la extensión de narcocultivos se duplicó en menos de dos años y hay una cifra récord de incautación de alijos de cocaína, lo que evidencia que la producción del alcaloide también se disparó. No menos importante es definir una hoja de ruta más eficaz para contrarrestar la alta incidencia de los delitos de alto impacto que tienen contra la pared los índices de seguridad urbana. La política anti-corrupción requiere una reingeniería total. También es claro que el análisis de lo que los expertos han dado en llamar criminalización primaria, secundaria y terciaria debe adecuarse a las realidades de un país que está en la recta final de un proceso de paz con una guerrilla que lleva más de 50 años siendo el principal factor de violencia y delincuencia. Aunque discursivamente se hable de buenas a primeras de los desafíos del posconflicto, es precisamente en la aplicación de la justicia pronta y eficaz en donde este se puede ver reflejado de forma más contundente, ya que la guerra interna lo que ha consecuenciado es que el enfoque estatal se haya dirigido a mantener o recuperar la seguridad en el territorio más que a imponer la autoridad serena e institucional. 
Es precisamente hacia este último aspecto a donde debe apuntar la modernización de la Política Criminal del Estado. Sólo cuando ese norte esté claramente delineado se podrá avanzar en las políticas subordinadas o instrumentales de la misma, como el reajuste penal, la función de la resocialización de los presos, los mecanismos de prevención del delito, la disminución objetiva de los índices de hacinamiento carcelario, el combate a la delincuencia organizada y la difusa, la evolución de los fenómenos guerrilleros pos-acuerdo de paz y el neoparamilitarismo, las medidas contra la corrupción que esquilma el erario… 
Sin desconocer los inmensos retos que tendrá que asumir desde hoy el nuevo Fiscal General, desafíos que ya han sido lo suficientemente explicados y advertidos por todos los sectores nacionales e incluso internacionales, es evidente que proyectar una nueva Política Criminal del Estado debería estar entre sus prioridades, al ser hoy la cabeza del ente acusador y haber experimentado también el ejercicio de la justicia desde la órbita del Ejecutivo, los entes de control y el ejercicio de su labor como abogado.
Hacemos, pues, votos porque la gestión de Martínez sea positiva y que la Fiscalía aumente sus indicadores de ejecución y eficacia. El perfil gerencial del alto funcionario es garantía de ello. Manos a la obra.