* Graves denuncias del alcalde Gutiérrez
* Urgente que los entes de control actúen
De extrema gravedad lo denunciado por la administración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en torno a no menos de medio millar de presuntas anomalías en que habría incurrido el mandato de su antecesor, Daniel Quintero.
Tras dos meses en que se realizó una auditoría forense en la mayoría de las entidades de la capital antioqueña, se detectaron 501 “hallazgos” que pueden configurar delitos, detrimentos fiscales e infracciones disciplinarias. Algunas de las irregularidades ponen en evidencia sobrecostos millonarios, carruseles de contratación, desgreño administrativo en altas cuantías y sospechosas transacciones para la compra y venta de inmuebles, entre muchos otros hechos que la alcaldía presentará ante la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría generales con el fin de que se indaguen a fondo y se señalen las respectivas responsabilidades. Para ello Gutiérrez anunció que la administración pedirá ser reconocida como víctima en todos los procesos con el fin de obtener el resarcimiento debido y evitar maniobras que lleven a la impunidad o morosidad judiciales.
El panorama se torna más complejo si se tiene en cuenta que lo revelado el pasado lunes corresponde solo a una parte de las entidades auditadas, faltando todavía por conocerse los resultados del proceso realizado en instituciones de la importancia, el peso contractual y el presupuesto de Empresas Públicas de Medellín, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General y de Hospital Concejo de Medellín, entre muchas otras.
Frente a esta preocupante situación que podría entrañar uno de los escándalos de posible corrupción más graves de la última década, hay varias situaciones por analizar. La primera y más obvia se refiere a preguntarse cómo es posible que un informe de auditoría forense llevado a cabo por la administración que arrancó el pasado 1 de enero haya encontrado tal cantidad de anomalías, pero no así las oficinas de Control Interno de las entidades bajo la lupa como tampoco los entes de control en lo penal, disciplinario y fiscal.
De hecho, durante el mandato de Quintero no en pocas ocasiones se denunció la ocurrencia de circunstancias muy delicadas, y si bien en algunos casos la eficiencia de las autoridades fue evidente y se emitieron las medidas del caso, en otros los señalamientos se quedaron en el aire.
En cuanto a las oficinas de Control Interno de las entidades que están en el ojo del huracán, es imperativo que Fiscalía, Procuraduría y Contraloría también analicen el accionar de los titulares y les interrogue sobre cómo fue posible que en cuatro años de la anterior administración no se percataran de todo lo que en el escaso lapso de dos meses de auditoría forense sí encontró el gobierno Gutiérrez. No hay que olvidar que días atrás la propia Contraloría General hizo un crudo diagnóstico sobre el desgastado rol de vigilancia que cumplen estas oficinas en las entidades de todo nivel.
En segundo lugar, una vez más queda en evidencia que los procesos de empalme entre los mandatarios entrantes y salientes, así como las jornadas de rendición de cuentas que periódicamente realizan gobernadores, alcaldes y demás entidades públicas no tienen mayor trascendencia. Son escenarios para bombardear con cifras e informes de logros de gestión, pero en donde no hay análisis ni contrastación alguna por parte de los entes de control ni la propia ciudadanía con el fin de verificar la realidad de esos cortes de cuenta.
Finalmente, resulta imperativo que ante algunos de los hechos anómalos denunciados por la alcaldía de Gutiérrez, en donde las irregularidades son de bulto, los entes de vigilancia tomen rápidamente cartas en el asunto, verifiquen la información aportada por la auditoría forense y, una vez sopesado el acervo probatorio, dicten las medidas pertinentes. Esa es la única vía para evitar que este cúmulo de situaciones sospechosas quede en vilo, imbuidas en el rifirrafe político y mediático entre la actual y pasada administraciones.
Y es que no se trata aquí de quién crítica o réplica más duro y con adjetivos más agresivos, ni tampoco de un pulso político, ideológico o electoral entre la centroizquierda y la centroderecha. Y menos aún de un round más entre petrismo y antipetrismo en un país polarizado al extremo. No, lo advertido por la auditoría forense es muy alarmante y comporta un cuantioso presupuesto público que ya estaría perdido o, por lo menos, en riesgo. Es urgente establecer un camino a seguir para recuperar el erario u obtener un resarcimiento del daño causado. De allí que sea obligatorio que la justicia actúe con firmeza y agilidad. Los operadores penales, disciplinarios y fiscales tienen la palabra.