En medio del agitado clima político y jurídico de esta semana es evidente que hubo algunas noticias y hechos de alto impacto que quedaron un poco en segundo plano, lo que no significa que pierdan importancia o disminuyan sus implicaciones.

Un ejemplo de ello es el campanazo dado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, quien en un foro de la Cámara de Comercio Colombo Americana advirtió sobre la extensión de narcocultivos en Colombia. De hecho, afirmó que “tenemos que reconocer que hubo 250.000 hectáreas de coca bajo cultivo, (lo que) representa una amenaza, no solamente a la comunidad internacional, sino también internamente al país… Es preocupante la cantidad de hectáreas y tenemos que buscar la manera de arrancar ese esfuerzo, porque es mucho en el país en este momento… Tenemos que buscar la manera de avanzar con programas de sustitución”.

La cifra citada es preocupante, pero no necesariamente sorprende, más aún si se tiene en cuenta que si bien la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas no produjo en 2023 su informe anual sobre la extensión de sembradíos ilícitos de hoja de coca, marihuana y amapola en Colombia, sí lo hizo, en septiembre el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Allí se alertó que los cocales crecieron un 13%, al pasar de 204.000 hectáreas en el 2021 a 230.000 hectáreas en el 2022.

Es claro que el incremento en la extensión de los narcocultivos se debe al cambio en la política antidrogas desde que arrancó el gobierno Petro, especialmente en lo relativo a no priorizar las operaciones de erradicación forzada de estos sembradíos. Ello conllevó, entonces, a que de metas anuales en la administración Duque alrededor de las 100 mil hectáreas por destruir, se pasó, en la actual, a proyecciones no más allá de las 20 mil.

De hecho, el más reciente informe del Ministerio de Defensa señaló que en 2023 apenas si se erradicaron 20.233 hectáreas, pese a que un año atrás casi se alcanzaron las 69 mil hectáreas.

Es evidente que la expansión de cultivos ilegales se convierte en un disparador de la violencia, sobre todo en las regiones en donde confluyen grupos guerrilleros, bandas criminales de alto espectro, así como carteles del narcotráfico, ya sean colombianos o mexicanos. También se asocia esta grave circunstancia a un aumento del microtráfico, delitos asociados y, por supuesto, drogadicción.