Alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas en la ruralidad de Policarpa, Cumbitara, La Unión, La Llanada y El Rosario (municipios nariñenses) están viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación, lo que también implica una afectación al libre desarrollo de su personalidad y al goce de una formación integral.
La Defensoría ha realizado varios análisis que dejan en evidencia el déficit de docentes para prestar el servicio educativo. Una de las causas es que no ha sido tenida en cuenta la ubicación de los centros educativos que están en zonas de difícil acceso y el desarrollo del conflicto armado.
“El Ministerio de Educación y las entidades departamentales de Nariño deben poner en funcionamiento planes prioritarios articulados que permitan el retorno de las clases presenciales, sobre todo porque se trata de menores de edad, sujetos de especial protección constitucional”, es el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp
En Cumbitara, según información reportada a la Defensoría por la coordinación de educación de la Alcaldía, las instituciones Santa Rosa, Pizanda, Sidón y San Pedro no cuentan con docentes en varias áreas por renuncias, falta de reemplazos y finalización de contratos.
En la escuela San Pedro, tres sedes no han iniciado clases por ausencia de profesores, razón por la que 52 niños están perjudicados. Dos sedes de Pizanda (Aminda y La Herradura) y otras cuatro de la escuela Sidón (San Agustín, Monte Alto, El Placer y El Pinde) tampoco han iniciado clases, lo que, como consecuencia, afecta a 18 y 33 alumnos, respectivamente.
Hay cuatro sedes cerradas de la Institución Técnica Agropecuaria Rodrigo Lara Bonilla, es decir, 87 estudiantes no están recibiendo educación.
Padres de familia de los centros educativos de San Sebastián Sede 2 y El Palmar, de la vereda El Prado, así como del Centro Educativo María Auxiliadora, de la vereda La Florida, y de la Rodrigo Lara Bonilla, le manifestaron a la entidad la necesidad de que entes departamentales ayuden al restablecimiento de las clases presenciales, debido a que la metodología de educación adoptada, a través de guías que se desarrollan en casa, ha resultado insuficiente e ineficiente para garantizar el aprendizaje de sus hijos.
Aunque los menores de edad están recibiendo clases, persiste la falta de docentes y personal administrativo. En una sede de la Institución Educativa Juanambú, en el municipio de La Unión, faltan dos docentes y cuatro conserjes. En Policarpa, que enfrenta una situación crítica a causa del conflicto armado, su institución educativa carece de maestros.
En El Rosario, las instituciones Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Carmen y Sagrado Corazón de Jesús y los centros educativos Los Pinos y San Miguel presentan déficit de profesores, especialmente para la básica primaria.